Todo estaba previsto el viernes para que el Consejo de Ministros diera luz verde al real decreto de renovables, que supone el fin del sistema de primas a la producción de este tipo de energías y la cogeneración. El texto había pasado esta semana por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y el propio titular de Industria, José Manuel Soria, reconoció el jueves que todo estaba listo, aunque dependía del orden del día. La expectación era máxima y casi todos esperaban la aprobación de un texto cuyo borrador comenzó a circular el día anterior. Pero la ausencia de Soria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros hizo sospechar un nuevo aplazamiento.
Fuentes próximas al Gobierno aseguran que ya la noche anterior en Presidencia sabían que el decreto no se aprobaría, pese a las declaraciones del ministro de Industria. Y es que fue la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que decidió posponer su aprobación del polémico decreto «para asegurarse una coherencia entre esta norma y el reglamento que la desarrolla», la orden ministerial de parámetros retributivos que está en estos momentos en el Consejo de Estado, según aseguran fuentes próximas al Ejecutivo.
Según las mismas fuentes, Soria, que habitualmente viaja a Canarias los viernes tras el Consejo de Ministros, mantuvo a media tarde de ese día una reunión urgente en la sede del ministerio con al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y los responsables del IDAE, que ha sido el encargado de elaborar los parámetros o estándares retributivos que sustituirán a las primas. Estos han sido incluidos en una orden ministerial que se tramita en el Consejo de Estado.
En realidad, el mecanismo de primas ya fue eliminado en julio del año pasado en el real decreto ley de medidas urgentes con que el Gobierno inauguró la reforma eléctrica y desde entonces las empresas han seguido cobrando primas a cuenta del nuevo sistema de parámetros. Las plantas afectadas tendrán derecho a una retribución por su inversión y costes de operación con una rentabilidad de casi el 7,5%. El primer borrador data de julio del año pasado y, aunque ya había superado en enero los correspondientes trámites administrativos (dos dictámenes del regulador, primero de la CNE y luego de la CNMC y un tercero del Consejo de Estado), no había llegado hasta el viernes al Consejo de Ministros.
El borrador incluye solo un par de cambios relevantes respecto al texto que salió del Consejo de Estado: elimina el llamado complemento de operación extendida, que consistía en seguir pagando a aquellas tecnologías con costes de operación superior a los precios del mercado (cogeneración, biomasa y algunos residuos) una retribución por este concepto más allá de la vida regulatoria fijada en 20 años. Ahora desaparece esta posibilidad y a cambio se amplía la vida a 25 años para todas las tecnologías. Otra cuestión, muy contestada, es la fijación del precio de mercado para establecer la retribución, que es la media aritmética de los precios de mercados de futuros del último semestre de 2013, que están muy por encima del precio real actual. Si esto no cambia, la retribución de las empresas será menor y, aunque después de les regulariza, entre tanto lo financian ellas.