Fuente: El Periódico de la Energía
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido este jueves en el Pleno del Congreso ir de la mano de la Unión Europea y “trabajar en una respuesta compartida” a la hora de impulsar medidas en el sector eléctrico, como el nuevo impuesto sobre los beneficios a las grandes compañías anunciado por el presidente Pedro Sánchez.
“Respetar el derecho europeo, la ley, la Constitución, significa también tener que ser pacientes sobre cómo se adoptan las normas, los nuevos tributos, o cómo se asegura que la intervención de mercados es compatible o autorizada por quien es competente, la UE”, ha dicho.
Durante su comparecencia extraordinaria ante el Pleno del Congreso para rendir cuentas del reciente tope a la generación de electricidad a partir de gas, el conocido como ‘tope al gas’, varios de sus socios han emplazado a la vicepresidenta a llevar más lejos sus medidas y a acelerar la implantación del anunciado impuesto.
Minoración del CO2
Su propio socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha reclamado acelerar su diseño para aplicarlo ya, así como el recorte a los ingresos recibidos por el CO2 no emitido –que afectaría fundamentalmente a hidroeléctricas y nucleares–, un proyecto de ley reactivado en el Congreso la semana pasada para después aplazarlo sin fecha por orden del Ministerio.
Su portavoz, Pablo Echenique, ha recordado a Ribera que el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos compromete al Gobierno a “acabar”, “no reducir”, los beneficios caídos del cielo de los beneficios caídos del cielo. “Esto no se ha conseguido”, ha incidido, señalando que, aunque el precio del mercado mayorista haya bajado sustancialmente, el coste de generación de instalaciones como la nuclear o la hidroeléctrica no sobrepasan los 40 euros/MWh y 10 euros/MWh, respectivamente.
Por otra parte, Más País-Equo ha pedido a Ribera afrontar la situación de crisis de precios con un control de los mismos para evitar la traslación de márgenes empresariales a costa del consumidor, y EH-Bildu, además de la intervención, ha planteado recuperar o nacionalizar empresas en sectores estratégicos.
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido este jueves en el Pleno del Congreso ir de la mano de la Unión Europea y “trabajar en una respuesta compartida” a la hora de impulsar medidas en el sector eléctrico, como el nuevo impuesto sobre los beneficios a las grandes compañías anunciado por el presidente Pedro Sánchez.
“Respetar el derecho europeo, la ley, la Constitución, significa también tener que ser pacientes sobre cómo se adoptan las normas, los nuevos tributos, o cómo se asegura que la intervención de mercados es compatible o autorizada por quien es competente, la UE”, ha dicho.
Durante su comparecencia extraordinaria ante el Pleno del Congreso para rendir cuentas del reciente tope a la generación de electricidad a partir de gas, el conocido como ‘tope al gas’, varios de sus socios han emplazado a la vicepresidenta a llevar más lejos sus medidas y a acelerar la implantación del anunciado impuesto.
Minoración del CO2
Su propio socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha reclamado acelerar su diseño para aplicarlo ya, así como el recorte a los ingresos recibidos por el CO2 no emitido –que afectaría fundamentalmente a hidroeléctricas y nucleares–, un proyecto de ley reactivado en el Congreso la semana pasada para después aplazarlo sin fecha por orden del Ministerio.
Su portavoz, Pablo Echenique, ha recordado a Ribera que el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos compromete al Gobierno a “acabar”, “no reducir”, los beneficios caídos del cielo de los beneficios caídos del cielo. “Esto no se ha conseguido”, ha incidido, señalando que, aunque el precio del mercado mayorista haya bajado sustancialmente, el coste de generación de instalaciones como la nuclear o la hidroeléctrica no sobrepasan los 40 euros/MWh y 10 euros/MWh, respectivamente.
Por otra parte, Más País-Equo ha pedido a Ribera afrontar la situación de crisis de precios con un control de los mismos para evitar la traslación de márgenes empresariales a costa del consumidor, y EH-Bildu, además de la intervención, ha planteado recuperar o nacionalizar empresas en sectores estratégicos.