Fuente: El Economista
El Ministerio de Transición Ecológica ha decidido frenar el anteproyecto de ley que debe regular la retribución de las renovables y las redes para el próximo periodo regulatorio, lo que supondría una recorte de alrededor de 3.000 millones.
Entretanto, las cinco grandes patronales de energías renovables (Appa, AEE, Anpier, Protermosolar y Unef) remitieron el pasado 19 de febrero una carta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que aprobase un Real Decreto Ley con la propuesta de valor para el próximo periodo regulatorio.
Estas organizaciones empresariales consideraban que el adelanto electoral había trastocado los planes para poder disponer antes de finales de año de la tasa de rentabilidad razonable. Las tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025 propuestas suponen una tasa de retribución del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y del 7,09% para la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Estas cifras manejadas cuentan con el apoyo de las renovables, pero con dudas, por insuficiente, de las distribuidoras de electricidad.
Según las patronales de renovables, los plazos que se estiman razonables tras las elecciones del 28 de abril para la constitución de las Cortes Generales y del nuevo gobierno, y a partir de ahí, del proceso que tendría que seguir el Proyecto de Ley que establecieron los parámetros retributivos para el segundo periodo regulatorio, no permitirían tener aprobada la regulación antes de finales de 2019.
Por ese motivo, las asociaciones consideraban que había elementos más que justificados para aplicar esta vía de urgencia e incluso que, si no pudiera hablarse de consenso, tal propuesta tendría un apoyo más que holgado en la Cámara, al tratarse de una cuestión perentoria, necesaria y de justicia.
La retribución para las renovables y las redes es una de las piezas claves para poder movilizar la inversión necesaria para la transición energética.
El Ejecutivo actual ha aprobado en solo ocho meses un total de 25 decretos leyes, lo que supone una cantidad sin precedentes. La propuesta contaría, en principio, con el apoyo en la Cámara de Ciudadanos, pero con el rechazo del PP y con la presión política existente por esta aprobación de medidas y el anuncio de los viernes sociales por parte del Gobierno, la situación se ha vuelto políticamente muy complicada y más en precampaña electoral.