La Comisión Nacional de Energía (CNE) acumula un retraso de casi un mes respecto a la fecha tope de publicación de la liquidación definitiva del ejercicio 2011 del sector eléctrico, lo que está generando malestar entre los empresarios fotovoltaicos, dado que necesitan conocer las conclusiones de dicha resolución para poder iniciar la segunda oleada de denuncias masivas en contra del Real Decreto 14/2010, que incluye un recorte de las horas anuales con derecho a prima de sus instalaciones, según fuentes de la Unión Española Fotovoltaica (Unef).
Este real decreto, aprobado en la etapa del ministro Miguel Sebastián, implica una reducción de primas del 30 % durante tres años y está siendo denunciado en numerosos frentes por el sector. Dentro del ámbito de los recursos masivos, el Gobierno rechazó a finales de marzo las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por miles de pequeños productores.
Los fotovoltaicos también habían empezado a denunciar las liquidaciones provisionales de la CNE en las que ya se plasmaba el recorte de primas, pero una resolución judicial estableció que el recurso debe plantearse sobre la liquidación definitiva del ejercicio, que se publica, normalmente, hasta con dos años de retraso respecto al ejercicio en cuestión.
En el caso del primer año de recortes, 2011, el sector espera con más interés si cabe la liquidación final del regulador, ya que servirá de pistoletazo de salida para poner en marcha su nueva ofensiva judicial.
Tal y como establece una circular sobre sistemas de liquidación, el modo en que la CNE debe ir publicando las distintas liquidaciones fija el 31 de marzo de los dos años posteriores al ejercicio en cuestión como la fecha definitiva para dar a conocer los datos finales de cada ejercicio. De esta forma, la información relativa a 2011 acumula ya un mes de retraso.
Desde Unef han anunciado que están en contacto con distintos despachos de abogados para orientar a los productores fotovoltaicos acerca de cómo reaccionar ante los retrasos del regulador. Las dos opciones que recomiendan los letrados son interponer un recurso de reposición ante el propio regulador, o bien un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional.
La no emisión de la liquidación permite a los productores denunciar un «acto presunto» de la Administración, para lo que los interesados disponen de un plazo de seis meses. Estos «actos presuntos» contemplan un plazo de recurso más amplio que los actos expresos precisamente para garantizar la defensa de los administrados ante la falta de administración.