Fuente: El Economista
La Asociación Española de Operadores de Productos petrolíferos, en la que participan Repsol, Cepsa y BP, ha decidido plantarse contra la batería de medidas anunciada por el Gobierno para controlar la contaminación atmosférica, mediante la reforma de los impuestos, el impulso del vehículo eléctrico y la limitación del tráfico en las ciudades de más de 50.000 habitantes, tal y como adelantó elEconomista.
Según indica AOP, de los 149 municipios con más de 50.000 habitantes existentes en España, sólo en 9 se sitúan estaciones de medida que presenten incumplimientos de los límites de calidad de aire NO2 y en 17 de partículas (PM10/PM 2,5). Las petroleras indican que el origen de las emisiones varía según la casuística de cada municipio y no tiene por qué estar directamente asociada al transporte. En consecuencia, indican, la gestión de la calidad del aire debería hacerse caso a caso teniendo en cuenta las características de cada uno. Por eso concluyen que teniendo en cuenta la población total de los municipios afectados «la medida propuesta podría conducir a unos costes desproporcionados sin garantía de alcanzar el fin perseguido de la calidad del aire allí donde realmente se necesite».
Subida de impuestos
AOP se pronuncia también sobre los cambios previstos en el impuesto de matriculaciones y en el de tracción mecánica. Las petroleras consideran que la ponderación de las tasas del automóvil deben ser tecnológicamente neutras y basarse en criterios objetivos de la cantidad de contaminantes emitidos por kilómetro (g/ km). De este modo, la fijación debería basarse en la norma Euro bajo la que el vehículo ha sido homologado, teniendo en cuenta las emisiones, sin diferenciar la tecnología del motor que lleva incorporado (híbrido, eléctrico, GLP, diésel o gasolina). Esta es una de las opción que contempla el plan pero deja la puerta abierta a utilizar las actuales etiquetas de Tráfico.
AOP rechaza, por contra, la clasificación de la Dirección General de Tráfico que considera que no es adecuada por no ser tecnológicamente neutra, ya que clasifica con diferentes etiquetas vehículos que han sido homologados con los mismos niveles de emisión.
Las petroleras indican que el plan presentado por el Gobierno sólo contempla el impulso exclusivo del vehículo eléctrico actuando en contra de los principios de neutralidad tecnológica y coste-eficiencia, ya que no fomenta el desarrollo de vehículos con otras tecnologías que podría contribuir a los objetivos de calidad del aire, en línea con lo que plantean las estrategias europeas.
La patronal de las grandes petroleras considera que la cifra de 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 no es realista y pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire.
Para alcanzar esta cantidad de vehículos en 2030, el 40% de las matriculaciones anuales tendría que corresponder a modelos eléctricos, algo que hoy por hoy se ve muy lejano.
Según un informe elaborado por Solera, una firma de inteligencia del automóvil, estos vehículos salvo contadas excepciones tiene un coste que supera los 25.000 euros por lo que sólo los hogares con una renta media mensual superior a los 2.500 euros pueden plantearse «electrificar» su movilidad, lo que equivale solamente al 19% del total de hogares españoles, según el Instituto Nacional de Estadística. Además, las petroleras llaman la atención sobre dos problemas: la disponibilidad de materiales y de producción de baterías que no se contempla en las previsiones actuales y que generaría una nueva dependencia e impactos ambientales así como las alternativas de reciclaje y gestión de los residuos de baterías usadas, pudiendo ocasionarse «un grave problema ambiental».
Para ello, estas compañías proponen una renovación del parque con tecnologías disponibles como el autogás, los biocombustibles u otras como el hidrógeno o el «CCS on board» -almacenamiento de las emisiones.
Las petroleras arremeten también contra el uso de la biomasa y piden que se incluya también a otros combustibles bajos en carbono para los sistemas de calor del sector residencial. El Gobierno reconoce que esta medida implica más emisiones y las empresas creen que no tiene sentido que una medida como esta forma parte del Plan Nacional de Calidad del Aire.
Sedigas, en la misma línea, reclama un plan de puntos de recarga para el gas y lamenta que sólo se apuesta por el coche eléctrico.