Los promotores de instalaciones fotovoltaicas han remitido a REE (Red Eléctrica de España) peticiones de acceso a la red que suman 50.175 MW, más de diez veces la potencia de dicha tecnología solar que hay conectada en la actualidad: 4.715 MW, según el último recuento, realizado en abril. Muchos de los proyectos corresponden a gigantescas plantas solares, algunas con más de 1.300 MW, que tienen más fácil llegar a buen término tras la reforma eléctrica, porque han obtenido prioridad de inyección en las redes eléctricas sobre las fuentes convencionales.
El descomunal volumen de potencia fotovoltaica solicitada, equivalente a la mitad de toda la potencia disponible -107.954 MW- disminuye hasta los 8.883 MW cuando se contabilizan los proyectos que han solicitado la autorización de la conexión a un punto concreto del sistema, lo que ya exige tener el diseño del proyecto en una fase avanzada, y, por ejemplo, haber apalabrado unos terrenos.
La cifra todavía se reduce más, hasta los 2.352 MW, si se cuentan los proyectos que han presentado un aval financiero para iniciar la tramitación de impacto ambiental, que realizan las comunidades autónomas si aspiran a conectarse en las redes de distribución o corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, si quieren conectarse en la red de transporte.
Una vez se dispone de la evaluación de impacto ambiental, en el caso de los proyectos mayores de 50 MW, hay que solicitar una autorización administrativa al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur). En la actualidad, según informa éste, hay 2.230 MW con avales presentados -del 2% del importe de cada proyecto- para la red de transporte y 122 MW para la red de distribución.
El grado de firmeza de estas iniciativas, obviamente, es muy superior que el de las demás. De hecho, la Planificación de la red de transporte de energía eléctrica recientemente aprobada contempla actuaciones en tendidos y subestaciones para que puedan ponerse en servicio en el actual horizonte de planificación, que mira a 2020.
Ocho son los grandes parques solares que aspiran a culminarse a medio plazo, tres en Murcia, tres en Andalucía y dos en Extremadura. La murciana Lorca, con dos instalaciones que suman 732 MW, se convertirá dentro de unos años en el municipio con más densidad fotovoltaica del país.
Cobrar el precio del mercado
Una de las características de estos megaproyectos es que no aspiran a cobrar ningún tipo de ayuda por su producción eléctrica, sino que piensan obtener beneficios vendiéndola únicamente al precio del mercado eléctrico o pool. En varios de los casos se están haciendo contactos con comercializadoras para venderles toda la producción a un precio fijo mediante un contrato bilateral.
Los promotores confían en que las economías de escala que se consiguen con plantas tan enormes -cada MW fotovoltaico en suelo exige de dos a seis hectáreas de terreno, dependiendo de la tecnología- será suficiente para obtener rentabilidad. El coste de inversión que barajan es inferior al millón de euros por MW instalado y el precio de venta de la electricidad generada oscila entre los 45 y los 60 euros por MWh, aproximadamente el precio del pool durante sus horas de producción, que coinciden con la punta de la demanda del mediodía.
Además, a la hora de obtener rentabilidad, la reforma eléctrica les ha dado un importante empujón: la prioridad de vertido de la energía en las redes eléctricas frente a otras tecnologías no renovables.
Prioridad de vertido
El antiguo régimen especial de producción de electricidad -afectaba a las renovables y la cogeneración- estaba limitado a instalaciones con un tamaño máximo de 50 MW. Por esta razón, muchos grandes parques eólicos, jurídicamente, están troceados en paquetes con esa potencia, aunque se trate, de facto, de una única planta de generación.
Ese tope de 50 MW no sólo condicionaba la percepción de las primas -las instalaciones mayores no tenían derecho a ellas-, sino que también limitaba la prioridad de inyección a la red, es decir, el hecho de que la energía renovable siempre se ponga al servicio de los consumidores, en detrimento de las fuentes convencionales, que deben dejar de producir si hay energía limpia disponible.
Pero las nuevas reglas para las renovables y la cogeneración han hecho desaparecer el tope de 50 MW, de modo que la prioridad de inyección se aplica a todas las instalaciones verdes, sea cual sea su tamaño. Por consiguiente, la viabilidad de los megaparques fotovoltaicos es mucho mayor que antes, porque ahora tienen garantizada la venta de la producción.
Bien es verdad que la última Ley del sector eléctrico, la 24/2013, también condiciona la prioridad de inyección a la oferta económica: las energías limpias van primero sólo si venden su electricidad más barato que las demás, pero a cualquier planta renovable le basta con ofertar a un precio inferior al de las centrales térmicas para casar en el pool.
Desconfianza general
Las ocho megaplantas con las que ya cuenta la Planificación iniciaron la tramitación al inicio de la década, antes de que se produjera el cambio regulatorio, contando con que la tramitación de un proyecto de este tipo dura años y con vistas que pudieran materializarse en un futuro que se antojaba lejano.
En aquel momento, el boom fotovoltaico de 2008 estaba muy reciente y estos proyectos se miraban con suspicacia desde muchos ámbitos, incluido el de las propias autoridades. Alguno de los promotores ha manifestado a elEconomista que los responsables del Minetur se negaron a establecer cualquier interlocución con ellos a menos que depositaran el correspondiente aval, con independencia del estado de tramitación de sus proyectos.
Ahora, en cambio, más de uno aspira a comenzar las obras -que durarán más de un año- hacia 2017 y a ir conectando las plantas según se concluyan las distintas fases. Con todo, la nueva Planificación sólo considera la instalación de 1.370 MW fotovoltaicos hasta 2020.
Fuera de España ya operan numerosos proyectos solares de este tipo: en California hay tres con más de 500 MW y en India hay un proyecto que suma nada menos que 4.000 MW.
Desde una de las patronales del sector, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), su director general, José Donoso, comenta que «estos grandes proyectos son una muestra de la madurez de la tecnología fotovoltaica. En un marco de mayor seguridad jurídica del que tenemos actualmente, este tipo de inversiones serían más habituales».