FUENTE: El Economista
El precio de la electricidad para los consumidores en España es de los más caros dentro de Europa. No son pocos los que se preguntan por qué en España una familia tiene que pagar más por la electricidad que un noruego, un francés o un austriaco, cuando el nivel de renta de un español es muy inferior. Un cúmulo de malas decisiones, subvenciones y sobrecapacidad del sistema pueden tener la explicación al alto coste de la electricidad en España.
Para empezar, el precio de la electricidad en España está en su mayoría controlado por el Gobierno: la parte regulada de la tarifa eléctrica supone el 60% del recibo mientras que el coste de la energía es el 40% restante.
Sobrecapacidad del sector y coste de la energía
Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, explica en su blog que la «principal causa del disparate es mantener un sector con sobrecapacidad en la producción, que a su vez mantiene una garantía de ingresos aunque no se venda todo el producto. De hecho, la actual demanda es tan sólo el 40% de la oferta potencial (capacidad para producción de 105.615 Mwh con una demanda de 43.527 Mwh en 2013)».
Durante el ciclo expansivo los políticos y las eléctricas pensaron que el crecimiento económico y de la población sería eterno, por lo que había que invertir para ampliar la capacidad de suministro todo lo posible. Además, las todavía ‘caras’ energías renovables debían ser parte fundamental de este aumento de la capacidad.
Y es que «las empresas tienen que pagar sus inversiones realizadas para alcanzar esa capacidad de producción aunque no tengan a quién vender su producto (la electricidad no se puede almacenar). En poco más de diez años dicen que se realizaron inversiones por valor de 70.000 millones de euros para instalar casi 55.000 MW de potencia nueva. Pienso que a la vista del fenomenal abismo entre oferta y demanda no parece que fueran necesarias y, por tanto, cabe considerarlas una burbuja más dentro de la última etapa expansiva».
Por otro lado, la fijación del coste de la energía se determina en una subasta trimestral en la que los productores de electricidad ofertan cantidades de electricidad y sus precios al operador de mercado y los demandantes presentan sus precios de compra, teniendo preferencia los precios más bajos. Aún así, estas subastas tampoco funcionan como deberían, puesto que las compañías productoras son cinc,o que a su vez son las distribuidoras y las comercializadoras, por lo que pueden actuar como un oligopolio.
Además, las barreras de entrada al mercado son altas por las grandes inversiones que se requieren. La demandan de electricidad es rígida, es decir, no varía demasiado ante una subida o bajada de su precio. Todo ello permite a las cinco compañías manejar el precio de una forma sencilla y sin baches.
Coste fijos o regulados
Tal y como se explica en economiasencilla.com y el profesor García, estos costes son los siguientes:
-Las primas al régimen especial (energías renovables y cogeneración) que suponen anualmente miles de millones de euros que hay que sumar a la tarifa.
-Primas para el uso del carbón nacional. Para evitar el cierre de la mayoría de las mina de España (no pueden competir con el carbón de Sudáfrica o otros países con menos costes y carbón de más calidad) se cobra un impuesto especial sobre la electricidad que tiene como objetivo subvencionar el funcionamiento de estas minas.
-Costes derivados de la energía nuclear. La moratoria nuclear se estableció en 1984, de manera que se prohibió la construcción de nuevas centrales nucleares y se cancelaron cinco antes de que empezasen a funcionar. Para compensar a las empresas que ya habían invertido en ellas se fijaron indemnizaciones de miles de millones de euros que se van pagando año a año.
-Costes de compensación extrapeninsular. Este es el precio que hay que pagar por el sobrecoste que supone el suministro a las islas, de esta forma se evita que sean los habitantes de Canaria o Baleares los que carguen de forma individual con este sobrecoste.
-Otros costes. Los costes de Transición de la Competencia, que son básicamente indemnizaciones que las empresas debían recibir para compensar la caída de sus beneficios ante la entrada de nuevos competidores en el mercado con la Ley de liberación del sector eléctrico de 1997.
-Por otro lado están los impuestos. El IVA y el Impuesto Eléctrico son alrededor del 25% del precio final.
Todos estos miles de millones sumados más otros pequeños costes son los que intentan tapar y disminuir el famoso déficit de tarifa que el Gobierno prometió ir pagando poco a poco a las eléctricas. Este déficit acumulado suma una deuda de unos 30.000 millones de euros que va a pagar la población española vía unos precios de la electricidad más altos.
Déficit de tarifa
El déficit de tarifa es la diferencia entre el coste del suministro eléctrico y el precio de la electricidad. Teóricamente, supone que el precio que cobran las eléctricas no es suficiente para cubrir los costes, y por eso se les reconoce ese déficit, que es una deuda del Estado con las eléctricas, que el sector público intenta tapar con todos los costes comentados anteriormente que recaen sobre el consumir.
De este modo, el profesor García resumen que «tenemos un sistema de determinación de precios que no está apoyado en los costes de generación de la producción utilizada, llegando al esperpento de aumentar el precio final para el consumidor cuando baja la demanda y, por tanto, la producción. El fortísimo aumento en el precio de la electricidad en España desde el inicio del llamado proceso de liberalización (1998) ha generado un grave problema a las familias españolas y una parte de sus empresas».
«En este país se ha llegado al peor de los modelos en el trato de la electricidad, porque la intervención pública no ha servido para mejorar el uso de los recursos y la distribución de los esfuerzos, sino para proteger los intereses de unos pocos entre los que hay que incluir los electoralistas de los sucesivos partidos en el Gobierno», explica Miguel Ángel García.