Fuente: El Periódico de la Energía
En los últimos días, la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista ha hecho saltar las alarmas en el Ministerio para la Transición Ecológica. No hay ministro de Energía que no haya tenido su propio capítulo de altos precios de la luz. Y ahora le toca a Teresa Ribera sufrir su episodio.
Uno de los debates que se ha abierto a raíz de estos precios es la alta fiscalidad de la electricidad en España. En España existen tres impuestos, el IVA, del 21% para todos los consumidores eléctricos y que se aplica una vez contado todos los términos de potencia y energía y otras tasas. El Impuesto Especial a la Electricidad, del 5,11% que se aplica sobre el término de potencia y energía de las facturas y sobre el cuál se aplica el IVA y un tercero que es la tasa municipal. Se paga el 1,5 % del término de energía sin peajes y va incluido en este término de energía. El pago de la tasa municipal por parte de la distribuidora va a parte y está incluido en los peajes.
En total, representan algo más del 21% del total que se paga en la factura y con ello el Estado y otras administraciones recaudan cerca de 8.000 millones anuales.
Como decía se ha abierto el debate sobre qué hacer con esta fiscalidad y el ojo se ha puesto en el IVA aunque no hay que desdeñar a los otros dos, el IEE y la tasa municipal.
Dentro de la UE, y en comparación con las grandes potencias económicas, España es el que tiene el IVA más alto en la electricidad. Al igual que Alemania, que paga el 19%, no aplican ningún tipo de IVA reducido, mientras que otras grandes economías como Francia, Italia o Reino Unido sí lo hacen.
El Gobierno, a través de su ministra de Hacienda, ha vuelto a quedar en evidencia ya que la fiscalidad de la electricidad es decisión única de cada Gobierno según una directiva comunitaria. Otra cosa es que no quiera bajarlo porque es una cantidad de dinero significativa.
El caso portugués
Pero existen fórmulas que podrían tenerse en cuenta. Es el caso de Portugal. El país vecino ha aplicado desde el 1 de diciembre una fórmula que es digna de estudio por parte de la administración española. Se trata del pago de un IVA en función del consumo de los hogares.
Se aplicará una tasa intermedia del 13% de IVA a los consumos de hasta 100 kilovatios hora (kWh) al mes. El consumo superior a 100 kWh está sujeto a la tasa de IVA estándar del 23%. Es decir, los primeros 100 kWh del mes se gravarán al 13%, y lo que se consuma por encima de eso se gravará al 23%. La medida aplica a clientes domésticos con contratos de baja tensión y energía hasta 6,9 kVA, lo que representa a la mayoría de familias.
Según el Gobierno portugués, esta disminución del IVA beneficiará alrededor de 5,2 millones de contratos, lo que corresponde a alrededor del 86% de los clientes de baja tensión del país vecino.
Según el Gobierno luso, «se trata de una medida socialmente justa y responsable con el medio ambiente, ya que permite a las familias, especialmente las familias numerosas, ahorrar en la factura de la luz, al tiempo que contribuye a la consecución de los objetivos recogidos en el Pacto Verde Europeo».
Un menor consumo por parte de los ciudadanos logrará una menor aportación de las tecnologías más caras y por tanto una mayor penetración de renovables. Por tanto se ayuda a consumidores más vulnerables, pendientes de no aumentar su consumo, y al medio ambiente con más energía limpias.
En el caso de España se podría aplicar a los consumidores acogidos al PVPC o tarifa regulada y sobre todo a aquellos consumidores que son vulnerables, al menos durante las dos etapas de mayor consumo, invierno y verano. Se incentiva pasar consumidores a la tarifa más barata y a consumir menos energía. Es cuestión de hacer números.