Fuente: El Periódico de la Energía
Nacionalizar las eléctricas o parte del sector eléctrico en España es uno de los más recurrentes de Unidos Podemos. Y ayer, en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, presentaron una Proposición No de Ley (PNL) relativa a la participación del sector público en las empresas de distribución de energía eléctrica, que no consiguió sumar el apoyo de ninguno del resto de grupos parlamentarios.
Para la formación morada, es una de las cuestiones más relevantes en materia energética. De hecho, según su portavoz en la Comisión, Yolanda Díaz, “hay que cuestionarse por qué la distribución es menos estratégica de lo que es el transporte. Nosotras en nuestro grupo pensamos que es igual, y aún más en esta sociedad que ha cambiado, es más digital, las tecnologías tienen una relevancia extraordinaria, y además tiene que ver con la incorporación de las energías renovables sobre todo a las administraciones locales”. Por todo ello, considera que la distribución “debe estar bajo el control de lo público”.
Entre sus argumentos, ha recordado la creación en su día de REE, “realizado por el PSOE y con acierto, porque debe de existir el control público del transporte”. También ha esgrimido que “las empresas tienen intereses cuando menos contradictorios. Por un lado son generadores de energía y además no están a favor de facilitar la gestión de la demanda, más aún, ¿por qué dejamos en manos de fondos especulativos o gobiernos extranjeros, como es el caso de Enel, las decisiones de este sector de la electricidad? Sería posible que un país como Italia pudiera estrangularlos en materia industrial”.
Por eso, en su PNL incluyen cuatro propuestas:
1.- Trasladar a la legislación existente la participación real que ya a día de hoy tiene lo público en REE. El 10% es lo mínimo que establece la ley de participación pública en el operador de transporte, pero en la actualidad es del 20%. Por eso quieren trasladar esa realidad a la legislación.
2.- Utilizar este modelo aplicado exactamente a la distribución de la energía.
3.- Para formalizar esta realidad hay que ceder las infraestructuras afectadas a la misma.
4.- Modificar los contratos bilaterales que están afectando a los consumidores y usuarios para eliminar esa excepcionalidad que les obligue a salir al mercado con los enormes perjuicios que ello conlleva.
Ninguno de los principales partidos de la oposición han apoyado el texto de Unidos Podemos. Tanto Ciudadanos como PSOE han añadido enmiendas, siendo rechazada la primera y aceptada la segunda, sin ningún recorrido más.
Ciudadanos estaba de acuerdo con mejorar la regulación, “en este sentido, es una necesidad, y estamos de acuerdo con Unidos Podemos, pero no con la expropiación ni la nacionalización. Sí que creemos que debe haber una regulación y una mejora. El fin tiene que ser los consumidores y no seguir aportando más improvisaciones a este sistema. Es un sector delicado, y por tanto, necesita una profundización”, ha dicho la portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Energía, Melisa Rodríguez.
Por su parte, la diputada socialista Pilar Lucio ha señalado que “el mercado eléctrico inició su proceso de liberación hace ya 20 años, y ley estableció que la distribución y el transporte serían actividades reguladas y de hecho lo son, eso significa que independientemente de quien sea la propiedad están bajo el control del Gobierno”, y por tanto, en su opinión, están exentas del riesgo de lo que el grupo Unidos Podemos quiere evidenciar.
También ha recordado que “la venta forzosa de una empresa debe justificarse muy bien, si es de utilidad pública o del interés social, y lo que es peor, se debe indemnizar por ese 20% que la SEPI debería comprar a la empresa”. Por eso, la portavoz socialista en la Comisión de Energía se pregunta si “Unidos Podemos ha calculado cuál es el desembolso que supondría para las arcas del Estado y si ha pensado que las empresas distribuidoras en España no son solo grandes compañías sino cientos de pequeñas compañías familiares que gestionan una pequeña parte de la distribución”.
Sin embargo, ha incluido una enmienda, al estar de acuerdo en “regular el incremento de la retribución de la actividad de las distribuidoras y revisar la tasa financiera”, ajustándola al coste de los recursos propios y ajenos para el próximo periodo regulatorio. “Es necesario mejorar la transparencia y el control”, ha dicho Lucio, “porque proponemos desplazar el centro de gravedad de las grandes eléctricas a los consumidores” según dicta el ‘paquete de invierno’ de la UE.
Por último, la postura del Partido Popular ha sido claramente contraria a la PNL. Según el popular Jesús Postigo, “el subconsciente les traiciona” a Unidos Podemos que “solo piensan en nacionalizar, pero me sorprende que no piensen en los costes que supondría para la cartera de todos los españoles. Les preocupa más de quien sea la propiedad de las redes y no los perjuicios o beneficios que puedan ocasionar a los usuarios”.
PICs
Aprovechando su intervención, el diputado popular ha recordado que “en la UE hay una serie de PIC (Proyectos de Interés Común) donde se incluye la interconexión eléctrica entre España y Francia que pasa por el Golfo de Vizcaya y me sorprende que distintos eurodiputados hayan firmado una propuesta que eliminen este proyecto“. Ha señalado la importancia de estas infraestructuras y más concretamente de la del Golfo de Vizcaya, “estamos hablando de un proyecto de 1.700 millones de euros, con una subvención de 570 millones de euros que ahora, por el voto de estos eurodiputados, pueden cargarse de este listado”.