El Gobierno ha aprobado una nueva metodología para el cálculo del bono social de electricidad del que pueden disfrutar desde 2009 ciertos perfiles de usuarios en función de sus consumos y de sus ingresos.
En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que este bono «es una figura que existe en el sistema desde hace tiempo y que atiende a personas y familias en determinadas situaciones de consumo e ingresos».
La nueva metodología, explicó, no afecta al cálculo del importe del bono social, sino a aspectos como la forma con que se sufraga por parte de las empresas obligadas a hacerlo, que son las que tienen actividad simultánea en generación, distribución y comercialización.
La vicepresidenta del Gobierno recordó además que el importe del bono social, cuyo coste reparte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) entre las distintas empresas obligadas, ascendió a 228 millones en el ejercicio 2013.
Conforme a cómo había sido diseñado en 2009, el bono social implica una congelación de la tarifa con respecto a los precios de ese momento para potencias inferiores a 3 kilovatios (kW), familias numerosas, familias con todos los miembros en paro y pensiones mínimas. Durante esta legislatura el descuento máximo ya ha quedado limitado al 25%.