Fuente: Cinco Días
Además de los polémicos recortes a la retribución de las redes eléctricas y de gas que el Ministerio de Energía quiso introducir como enmiendas al proyecto de ley contra la sequía, el departamento que dirige Álvaro Nadal había planteado una tercera enmienda para obligar a las eléctricas a desmantelar sus centrales nucleares. Una función que tiene reservada desde su creación la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).
Aunque estas tres enmiendas acabaron fuera del citado proyecto de ley, al no contar con el respaldo del Grupo Socialista, el ministro no ha tirado la toalla y ha decidido incluir estas medidas en una proposición de ley que presentará próximamente el Partido Popular. La relativa al desmantelamiento de las centrales nucleares, a la que ha tenido acceso CincoDías, supondría un cambio radical de la actual situación, pues plantea el trasvase de la función del desmantelamiento de las plantas que ahora corresponde a Enresa a los titulares de las plantas (las grandes eléctricas). Y, lo que es más relevante, la cesión del fondo de 4.500 millones de euros que durante años ha acumulado la empresa pública para la gestión de los residuos radiactivos (función que mantendría) y el desguace de las centrales.
Según el texto de la propuesta, titulado «Modificaciones de rango legal para traspasar la función de desmantelamiento de Enresa a los titulares de centrales nucleares», el Gobierno se propone transferir a las eléctricas “la obligación de llevar a cabo el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares”. Al mismo tiempo, añade, se le transferirá “la parte equivalente del fondo del que dispone Enresa para realizar esta actividad, exigiéndosele determinadas cautelas, tanto para la conservación de los fondos recibidos con esa finalidad, como para la dotación del total de fondos requeridos para el citado desmantelamiento”.
La propuesta responde a la intención del ministro de Energía de poner trabas a eléctricas que, como Iberdrola, amenazan con cerrar sus nucleares por no considerarlas rentables. Sin embargo, un cambio tan drástico es calificado de “altamente peligroso”, tanto entre fuentes del sector como del propio Gobierno del PP. Y, sobre todo, “difícil de controlar y valorar”.
Además, recuerdan las mismas fuentes, hasta 2005, los fondos de Enresa fueron aportados por los consumidores en la factura de la luz y a partir de ese año el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió cobrarlo a las empresas a través de tasas. Por tanto, “una parte sería de los usuarios”, añaden.
Enresa es la empresa pública (tutelada por el Ministerio de Energía) responsable del desmantelamiento de las centrales atómicas. Hasta el momento, la compañía ha dirigido los desmantelamientos de Vandellós I (clausurada tras un grave accidente en 1988 y cuyo sarcófago no se desmontará hasta 2028); la de José Cabrera (Zorita), en Guadalajara, y ya ha recibido la titularidad de la central de Santa María de Garoña, cuyo cierre fue decretado el pasado verano. Esta se vería afectada por la nueva ley, si esta prospera.
Según la actual normativa, que el ministerio pretende cambiar, Enresa se convierte en titular de las plantas una vez que se cierran y en tanto termina el desmantelamiento, momento a partir del cual le devuelve a las eléctricas los terrenos.
La medida implicaría la modificación de la Ley de Energía Nuclear, de 1964, y la Ley del Sector Eléctrico, de 1997, y con ella el Gobierno dice aspirar “a incrementar la eficiencia del desmantelamiento, ya que pasa a ejecutarse directamente por su propietaria, que es quien mejor conoce la central”. Y, en su opinión, “elimina cualquier incertidumbre sobre los costes de desmantelamiento, cuyo déficit ya no se tendría que financiar con dinero público”.
El Gobierno deja así claro que el actual fondo de 4.500 millones no cubriría el desmantelamiento de todas las plantas, pues una buena parte debe destinarse a la gestión del combustible gastado y de los residuos de media y baja intensidad de la planta de El Cabril, de la que seguirá ocupándose Enresa. Aunque desmantelar una planta cuesta una media de 300 millones (hay siete reactores funcionando, más los tres en desmantelamiento), parte del fondo se destina a la gestión de residuos de los almacenes individuales (ATI) ubicados en las propias centrales y al futuro ATC en proyecto.
El último Plan General de Residuos, de 2006, ya establecía que Enresa necesitaría 13.000 millones de euros para el desmantelamiento de todo el parque y gestionar los residuos durante 60 años.
SANCIONES DE HASTA 300 MILLONES
La propuesta del Ministerio de Energía de trasvasar la responsabilidad del desmantelamiento de las nucleares a sus propietarias, establece que, en el caso de que alguna de ellas incumpla su obligación, el desguace sería ejecutado de forma subsidiaria por Enresa. Eso sí, se reclamaría a la eléctrica “daños y perjuicios”, que se enfrentaría también a sanciones de hasta 300 millones de euros (el coste de desmantelar un reactor).
La gestión de los residuos seguiría en manos de Enresa, pues esta se considerará “un servicio público esencial” que se reserva el Estado. Esta actividad de financiará mediante tasas y tendrá la consideración de coste regulado del sistema. También lo tendrá el desmantelamiento de las centrales cerradas antes de 2010: Vandellós I y Zorita. Sin embargo, tanto el de Garoña como el de las que cierren en el futuro, deberán ser financiadas por sus propietarias. Almaraz I será la próxima en cumplir 40 años de vida útil, en 2021.
Si el cierre es debido a fuerza mayor y se adelanta a lo establecido en el Plan de Residuos Radiactivos, el déficit de financiación (lo que no cubra el fondo de Enresa) se considerará un coste del sistema. Esto es, lo pagarían los consumidores en la factura de la luz.