El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, avanzó ayer que la reforma eléctrica que ultima el Gobierno se traducirá en «un ajuste equilibrado, que permita una rentabilidad razonable» a las actividades reguladas, que incidirá «estrictamente en lo necesario» y protegerá a los consumidores más vulnerables. La alternativa a esto «es la quiebra del sistema eléctrico», advirtió, y «ningún país permitiría que quebrara su sistema».
Durante su participación en un curso organizado por la Fundación Faes, el portavoz del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur) hizo hincapié en que la reforma que será presentada en breve pretende evitar que se siga generando déficit de tarifa, al que calificó de «monstruosidad» y que representa ya un punto del PIB.
Respecto a si la deuda de tarifa debe ser financiada vía Presupuestos Generales del Estado, explicó que «si el sector público tiene que rescatar al privado, lo pagaremos todos, pues habría que subir los impuestos». «Todos somos contribuyentes y consumidores a la vez», opina Nadal, quien también advirtió de que si se cargase la solución del déficit al consumidor, habría que subir un 35 % los peajes y un 17 % la factura eléctrica final, lo que «barrería la competitividad del país», recalcó.
El Gobierno «quiere hacer lo posible para trasladar mínimamente la subida al consumidor», por lo que «seguirá pidiendo esfuerzos a las empresas« con «medidas razonables que ajusten la retribución dentro del sentido común, según la evolución que tengan los ciclos de la economía».
La reforma en ciernes incluirá un real decreto ley de estabilidad financiera del sector eléctrico que, previsiblemente, entrará en vigor de inmediato, así como un proyecto de ley de reforma de la ley eléctrica y varios reales decretos cuya tramitación implicará varios meses. Con toda esta normativa se aspira a eliminar «cuestiones superfluas», es decir, «lo que no sea esencial», aseguró el titular del Minetur.
Aunque Nadal no concretó cuáles son esas partes «superfluas», desde el sector se refieren a que solo deberían considerarse costes regulados el transporte y la distribución, mientras que el resto —las primas a las renovables, las ayudas al carbón, la moratoria nuclear o las extrapeninsulares— deberían pasar a la parte energética o a los presupuestos.
Por su parte, Nadal incidió en que no se va a permitir introducir nuevos costes en el sistema si no hay una partida equivalente de incremento de gastos o reducción de costes, además de subrayar que la medición de los costes en la orden de peajes no se va a hacer año a año, sino a cinco años vista para comprobar el impacto de las políticas que se toman.
Según afirmó el responsable del Gobierno, en la eliminación de aquello que no es esencial están de acuerdo la Secretaría de Estado de Presupuestos y él, y criticó que en el pasado se metiera «todo en la factura eléctrica», incluidos costes como los extrapeninsulares, y se aprovecharan así de una ley «suficientemente amplia y ambigua» para aprobar partidas «sin ningún tipo de control». Con la reforma, «se regulará lo estrictamente necesario» y se protegerá a los consumidores más vulnerables, sentenció el alto cargo del Minetur.
De no llevarse a cabo todos estos planteamientos, la alternativa para Nadal «es la quiebra del sistema eléctrico», lo que ningún país del mundo permitiría. Al hilo de esto, puso de ejemplo a California, «donde se organizó un caos impresionante» que no tiene cabida aquí. En su opinión, las causas del déficit de tarifa no son muy diferentes a las del resto de desequilibrios de la economía, por lo que «las soluciones tampoco pueden ser muy distintas».
En relación con la oposición prácticamente frontal de los distintos agentes del sector eléctrico a las medidas ya adoptadas y a las que poco a poco han ido avanzando desde el Gobierno, Nadal reconoció que «el pasado existe» y que hay empresas que en su día «realizaron inversiones de buena fe»; pero criticó el desmadre de la instalación de plantas fotovoltaicas: «Si hubiéramos hecho 400 MW en 2007 y 2008, y hubiesen aumentado poco a poco, la factura sería más baja y el impacto menor y no estaríamos hablando de déficit», afirmó. Y también se refirió a que España concentra el 73 % de las plantas termosolares del mundo, al exceso de capacidad instalada (en referencia a la cogeneración) o a otros costes como los pagos por capacidad, la interrumpibilidad del sistema y los costes extrapeninsulares. «Y como esto, veinte mil cosas más», aseveró.
También quiso subrayar que el déficit de tarifa es el más desequilibrado «de partida» de todos los déficit: 13 000 millones de ingresos frente a 23 000 millones de costes, de los cuales, 9000 millones corresponden a las primas del régimen especial.
Para concluir, cabe indicar que el portavoz de la Secretaría de Estado de Energía aseguró que dada la situación actual, con una demanda eléctrica bajando y los costes en aumento, no se levantará «en el corto plazo» la moratoria a la instalación de renovables sin prima. Pero sí garantizó que se efectuará el desbloqueo de la moratoria en las islas, medida que incluirá «incentivos» pero no ayudas.