Fuente: El Periódico de la Energía
La mayoría de las centrales térmicas españolas darán al botón de off el próximo 30 de junio. Todas aquellas centrales de carbón que no hayan invertido en reducir sus emisiones están obligadas a través de una directiva europea a dejar de funcionar, a apagar la central, a desconectarla. Así centrales de carbón como Compostilla, Andorra (Teruel), Lada, Velilla, Meirama, Puente Nuevo, Robla y Narcea dejarán de funcionar el próximo 30 de junio.
Solo quedarán disponibles As Pontes y Litoral de Endesa, Aboño y Soto de Ribera de EDP y Los Barrios de Viesgo. Aunque de éstas, las centrales propiedad de Endesa lo más seguro es que se apaguen el próximo año, según ha anunciado la compañía.
El problema es que el Gobierno aún no ha autorizado el cierre y desmantelamiento de las centrales. Solo Anllares, ya desconectada, y Compostilla (sus tres grupos), tienen el visto bueno del Gobierno para iniciar las obras de desmantelamiento de las centrales. Hay siete plantas que no saben nada de su cierre. Y algunas, como es el caso de Lada y Velilla de Iberdrola, llevan tres años esperando a que se les otorgue el permiso.
El cierre térmico lleva consigo cientos de empleos. Las eléctricas han abogado por sus trabajadores a los que prejubilarán o recolocarán en otras plantas. Pero todos los trabajadores subcontratados de las empresas auxiliares se quedan sin trabajo. Se trata de miles de personas que se quedan sin actividad porque la central se apaga y las eléctricas no pueden poner en marcha el desmantelamiento de las plantas.
Unas obras que mantendrían la mayoría de puestos de trabajo de las empresas subcontratadas por las centrales de carbón al menos durante el desmantelamiento, y que tendrían garantizado su puesto al menos otros dos años más.
En el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico aseguran que siguen trabajando en la tramitación de estas autorizaciones de cierre y desmantelamiento, pero «hay que tener en cuenta el estado de alarma y la paralización de plazos que supuso» esta situación especial por la crisis sanitaria del COVID-19.
Es cierto que el Gobierno, en plena pandemia, consiguió un acuerdo que consolida las bases de los Convenios de Transición Justa, junto a representantes de las empresas propietarias de centrales térmicas de carbón en proceso cierre, Endesa, Iberdrola y Naturgy, y de las secretarías generales de los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA.
El documento recoge los compromisos de cada una de las partes para apoyar a los trabajadores y los territorios de las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas, que se ubican en Aragón, Andalucía, Castilla y León, Galicia, y Principado de Asturias. Sus focos de actuación prioritaria son el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial, ligados al despliegue de energías renovables y otros proyectos.
Pero sin la autorización del cierre, las compañías no pueden hacer nada por las empresas auxiliares. Sí, por sus trabajadores, pero no por los subcontratados. Todas las eléctricas tienen sus proyectos de transición justa, pero para poder llevarlos a cabo necesitan imperiosamente la autorización de cierre de la central de carbón.
También el Gobierno ha firmado con los gobiernos de Aragón y Asturias los Protocolos de Actuación que van a permitir la elaboración de los Convenios de Transición Justa. Pero dichos convenios o planes de las eléctricas no están adjudicados. El Gobierno quiere los mejores planes para estas comarcas, que formen y den empleo, que se restituyan con economía verde, etc. Pero aún están las empresas esperando la resolución.
Luego, otra cosa que queda en el aire son los puntos de conexión que dejarán libres estas centrales de carbón. Según el Real Decreto-ley 17/2019, en su Disposición final segunda que modifica la Ley del Sector Eléctrico, Transición Ecológica podrá convocar una subasta para los puntos de acceso y conexión que queden libres una vez que esas centrales apaguen su interruptor, pero según fuentes del Ministerio, «aún no hay ninguna novedad al respecto». «También se está trabajando en ello», afirman fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera.
Esta parte es fundamental para saber si por ejemplo las eléctricas podrán llevar sus grandes proyectos de renovables que quieren instalar en las comarcas donde están situadas las centrales térmicas. Pero la subasta da la posibilidad a que sean otras compañías quienes lo hagan. Tal y como confirmó Laura Martín Murillo, vocal asesora de Teresa Ribera y recién nombrada directora del Instituto de Transición Justa, en un webinar de UNEF, «concursaremos el otorgamiento de permisos de acceso a la red para nuevos proyectos renovables en las zonas en transición con un mecanismo que pondere desde los beneficios técnicos y económicos como los medioambientales y sociales, incluida la generación de empleo».
Solo cuando se realice esta subasta se podrá conocer quienes llevarán a cabo los planes de transición justa. De momento, miles de trabajadores al paro, a la espera de que se autoricen los cierres y las eléctricas comiencen las obras de desmantelamiento.