La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) ha advertido de que más de 44.000 pequeñas plantas fotovoltaicas, en las que están puestos los ahorros de otras tantas familias y que suponen el 80% del total, sufren «tensiones de tesorería» que «ponen en riesgo de quiebra inminente su actividad» y que podrían ser embargadas por los bancos que las financiaron.
«Son instalaciones de pequeñas dimensiones, que se pusieron en funcionamiento a través de financiación por parte de la banca que, como es habitual, reclama los pagos bajo amenaza de embargar tanto las instalaciones como los bienes de los propietarios de estas plantas», explican desde la asociación, que compara la situación de estas familias con la de las preferentes.
Por otro lado, desde la patronal fotovoltaica avanzan que, como parte de sus esfuerzos para defender esta tecnología, se reunirán hoy con el adjunto al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para ponerle al corriente de la situación de su sector y pedirle amparo ante el «hostigamiento» que sufren sus productores.
Esta tecnología, apuntan los responsables de Anpier, está viéndose sometida a una «vulneración de principios esenciales del orden constitucional, como son la tutela judicial efectiva, la irretroactividad de las normas desfavorables, la seguridad jurídica y la confianza legítima».
Según datos facilitados por la patronal, más de 55.000 instalaciones fotovoltaicas se encuentran «gravemente afectadas por dos normas retroactivas», que son el Real Decreto-Ley 1565/2010 y el RDL 14/2010.
Ambas normativas implican una pérdida media de hasta un 30% de los ingresos de estas plantas, a los que, desde enero, se suma la nueva carga impositiva del 7% a la producción de electricidad, recuerdan los profesionales de este sector renovable.
Desde Anpier critican que los particulares que invirtieron en fotovoltaica sufrieron una «estafa de Estado maquinada con la intención de aproximarse a los objetivos energéticos europeos de 2020 y cumplir con los compromisos de Kioto a costa de la inversión privada de decenas de miles de familias españolas». Estos inversores dejaron de obtener el «retorno prometido» a través del BOE, lo que supone «una maniobra más escandalosa que la estafa de las preferentes, puesto que en el caso de las inversiones en fotovoltaica, no existía letra pequeña, sino que se cambiaron las condiciones del contrato una vez realizadas la inversiones, y con la agravante de ser el propio Estado el que las garantizaba», detallan los representantes de la asociación sectorial.