Fuente: Cinco Días
Más de 102.000 autónomos y empresas se han acogido a la reducción de potencia eléctrica contratada a raíz del estado de alarma por el coronavirus, mientras que casi 14.200 han solicitado la suspensión temporal del contrato de suministro, según datos del Ministerio de Transición Ecológica.
Durante su intervención en la Comisión del Congreso, la titular del departamento, Teresa Ribera, ha destacado las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger al tejido productivo y señaló que en la actual crisis el acceso al agua y la energía «debían mantener un servicio de calidad y disponibilidad suficiente para cualquier hogar y empresa».
En este sentido, se ha referido al bono social de la luz, un descuento en la factura de la que disfrutan más de 1,3 millones de usuarios y a la que ahora pueden acogerse los trabajadores afectados por ERE y los autónomos que hayan cesado actividad o reducido sus ingresos en más de un 75%.
La vicepresidenta cuarta también ha recordado la prórroga automática hasta el próximo 15 de septiembre del bono a todos los beneficiarios a los que les vencía antes de dicha fecha, medida de la que, estima, se benefician mensualmente 70.000 hogares.
Además, se garantiza el suministro del agua «a todos los usuarios, calculando que el impacto es de entre 25 y 30 millones de euros mensuales», añadió.
Sobre la desescalada, Ribera insistió en que la «prudencia y seguridad sanitaria» es la premisa más importante de un plan que se apoya en los criterios de la OMS y la Unión Europea. De este modo, dijo que, si bien espera que el proceso «vaya siempre en la misma dirección», en el caso de producirse un rebrote, «habría que actuar de forma inmediata y dar marcha atrás en la desescalada», por lo que «tenemos que estar preparados para lo que ocurra».
En este contexto de incertidumbre, aludió al papel fundamental de la Comisión de Reconstrucción para la recuperación económica. «El frenazo a la economía, la hibernación, nos obliga a anticipar un impacto duro, pero si el Plan Marshall ayudó a Europa tras la Segunda Guerra Mundial y el New Deal a Estados Unidos en la Gran Depresión, podemos hacer un plan de reconstrucción ambicioso», indicó Ribera, quien defendió que el futuro plan se deberá asentar en la transformación digital y abordar el cambio climático.
Esta circunstancia, ha concluido, «exige trabajar» en la sostenibilidad del sistema energético, impulsar las energías renovables, dar más prioridad a aspectos estratégicos y potenciales como el hidrógeno, la eólica offshore o el biogás, y trabajar en la movilidad urbana, actual «centro de debate» en el que «el temor al contagio plantea graves desafíos».