Fuente: El Economista
Los residuos radiactivos del país costarán un total de 23.044 millones de euros, calculados desde que empezaron a generarse en 1985 hasta final de siglo, de acuerdo con las previsiones de Enresa, la empresa pública encargada de su gestión. Se trata de un incremento del 77% con relación a las previsiones anteriores. De esa cantidad, queda por pagar la parte del león, 16.745 millones, la mayoría correspondientes al combustible gastado de las centrales nucleares (8.218 millones) y a la clausura de estas mismas instalaciones (4.288 millones).
Así se recoge en el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), elaborado por Enresas y divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). El anterior Plan fue aprobado en 2006 y está totalmente desfasado; su sustituto debería estar vigente desde 2010. Durante estos años, Enresa apenas ha facilitado información sobre el coste de gestionar los residuos, aunque se sabía que se habían incrementado notablemente las previsiones. Ahora se desvela que la escalada es del 76,9%, desde los 13.023 millones estimados en el sexto PGRR hasta los 23.044 millones del séptimo.
La propuesta del nuevo PGRR se basa en el escenario recogido en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que plantea un calendario escalonado del cierre de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, superando en todos los casos los 40 años previstos anteriormente y origen de buena parte del encarecimiento, porque al operar más tiempo las plantas, producirán más residuos.
Combustible gastado
El documento no prevé el reprocesamiento del combustible gastado -opción contemplada en otros países, como Francia-, sino el almacenamiento como residuo. Y esta es, precisamente, la mayor partida de costes entre 1985 y 2100, de 11.148 millones; le suceden los de clausura de las propias plantas (5.089 millones), los de gestión de residuos de baja y media actividad (3.612 millones), los de estructura -ninguno de los demás-, que ascienden a 2.546 millones, los de I+D, de 575 millones y otros, con 72 millones.
Las labores preparatorias para el desmantelamiento de cada central nuclear se iniciarán al menos tres años antes de la fecha de cese y se prevé el inicio del desmantelamiento tres años después del cese. En estos seis años se llevarán a cabo las actividades de vaciado de las piscinas de combustible gastado, las tareas preparatorias del desmantelamiento y la obtención de la autorización de desmantelamiento. Posteriormente, se estima un plazo de diez años para la ejecución material del desmantelamiento.
Para cubrir estos costes, y los de la gestión futura de estos residuos, el Miteco ha incrementado recientemente un 19% la denominada Tasa Enresa, el principal mecanismo de financiación de todo el proceso. La Tasa ascendía a 6,7 euros por MWh generado por las centrales y ha crecido hasta los 8 euros por MWh, con la intención de cubrir un déficit valorado en 2.350 millones a cierre de 2018 por el Tribunal de Cuentas.
Uno o varios Almacenes temporales
El Plan contempla un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para la gestión de estos residuos de alta actividad, que no estaría operativo antes de 2028. No obstante, en la documentación ambiental que acompaña al borrador del nuevo PGRR se contemplan diferentes opciones: un único emplazamiento ATC o varios Almacenamiento Temporal Descentralizado (ATD).
La falta de un ATC nos ha obligado a enviar al extranjero los residuos de la accidentada central de Vandellós, que nos cuestan unos 74.000 euros diarios -la factura casi llega a los 850 millones-, a los que se suman otros costes acumulados por el retraso, que superan los 2.000 millones.
El Gobierno del PP decidió ubicar el ATC en terrenos del conquense municipio de Villar de Cañas -Enresa ha invertido casi 80 millones en habilitarlos-, pero el actual Gobierno ha decidido revisar esta decisión y aún no ha aprobado dónde se ubicará la instalación ni, como revela el borrador del PGRR, si terminará construyéndose.
Durante la tramitación del PGRR se definirá por cuál de las dos opciones se escoge, bien el ATC, bien los ATD. El documento debe superar un período de consulta pública, superar una Evaluación Ambiental estratégica, recibir el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la aprobación de las Cortes, momento en que deberá remitirlo a Bruselas.
Tras el almacenamiento temporal, el borrador de PGRR prevé construir un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) para depositar definitivamente el combustible gastado de las centrales nucleares y de los residuos de alta actividad. Podría estar operativo en 2073.
Los residuos de muy baja, baja y media actividad (residuos del desmantelamiento de las centrales y de otra procedencia, como los hospitales) se seguirán depositando en el almacenamiento de El Cabril (Córdoba), que deberá ampliarse para captar todo el volumen previsto.