La noticia de la devolución de dinero en la factura eléctrica a partir del 1 de junio (según la OCU, 40 euros para determinados clientes y, según Industria, un total de 300 millones de euros) está provocando serios problemas entre las comercializadoras del mercado libre y sus clientes, que están empezando a preguntar cuánto les tocaría recibir a ellos.
Según el real decreto que establece el método de cálculo del término variable de energía del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), que entró en vigor ayer y sustituye a las subastas Cesur, estos clientes tienen derecho a recibir la diferencia entre los 48 euros MWh del precio intervenido por el Gobierno en enero para el primer trimestre y la cotización media del mercado mayorista ( pool) en este periodo que ha cerrado en 26,09 euros MWh.
Sin embargo, los pequeños consumidores de menos de 10 kW de potencia contratada que se han pasado al mercado libre (unos nueve millones sobre 25 millones, entre los que se encuentran todos aquellos que hayan aceptado algún tipo de oferta) han renunciado a su derecho al PVPC, o antigua TUR, y, por tanto, no se encuentran en el colectivo con derecho a la citada devolución.
Aún con todo, la cuestión no es tan sencilla, pues muchos de estos clientes libres han firmado contratos con precios indexados o ligados al PVPC y este, ciertamente, ha cerrado en el primer trimestre por debajo del precio intervenido, por lo que existe una diferencia respecto al precio por kWh que se les ha cobrado. Muchas empresas consideran que no están obligadas y que el caos proviene de la anulación sin más de la Cesur, que era un mecanismo de cobertura de riesgo.
En otras palabras, aunque las comercializadoras de referencia (las que suministran con PVPC) hayan pagado los citdos 26,09 euros MWh por la energía suministrada, las que compiten en el mercado liberalizado han tenido que adquirirla a plazo para garantizarse un precio cerrado, que les ha resultado más elevado. Más allá de las reclamaciones por el precio, lo que preocupa a estas compañías es la confusión que se ha generado entre los consumidores “a los que es imposible explicar el galimatías de los precios y transitoriedades”, aseguran fuentes del sector.
Por el momento, ayer entró en vigor un sistema de precios para cuya aplicación se establece un periodo transitorio hasta el 1 de julio durante el cual las empresas cobrarán los 48,48 euros MWh fijados en enero, precio que se regularizará desde esa fecha con el nuevo mecanismo. Por tanto, se podría dar la circunstancia de que tras la devolución de la primera regularización de junio le siga a partir de julio una refacturación negativa en la que el cliente tenga que pagar a la comercializadora (si el precio medio del pool resulta superior)
El nuevo mecanismo consiste en aplicar los precios del mercado diario por horas a aquellos clientes que tengan contador electrónico con telemedida (cuya lectura pueda realizarse desde las oficinas de la compañía) en función de su consumo. En el caso de los antiguos contadores, se aplicará el precio medio del mercado en función de unas estadísticas de consumo (o perfiles) de consumo de los usuarios.
Sin embargo, en tanto se aprueban determinados “procedimientos”, a todos los usuarios acogidos al PVPC a todos los usuarios (con o sin contador digital) se le aplicará este último supuesto de precio promedio facilitado por REE a las comercializadoras cada día. El operador del sistema anunció anteayer la publicación de los nuevos precios en su web (ver imagen). La información está disponible desde la 20,15 horas del día anterior e incluye una matriz en la que el usuario podrá comprobar si su factura se ha hecho corectamente inlcuyendo su primer día de facturación y el último. También podrá comprabar el precio del día siguiente, pero este dato de poco le servirá, pues de momento, no serán precios horarios.
Por otro lado, REE informó anteayer que la demanda de energía eléctrica descendió un 0,9% en marzo, descontados los efectos del calendario laboral y las temperaturas. En el primer trimestre la caída fue del 0,6%.
El precio medio que REE debe proporcionar a las comercializadoras de referencia (la de las cinco grandes de Unesa; HC Cide y las comercilaizadoras municipales de Ceuta y Melilla) para que se los apliquen a sus clientes con el nuevo sistema de precios eléctricos, es la cotización del mercado diario e intradiario del día siguiente trufado con los llamados perfiles o patrones de consumo de los que dispone el operador del sistema.
Se trata de unas estadísticas de consumo por horas que REE obtiene de una encuesta que realiza en todo el territorio español a 50.000 usuarios, de las que resultan los citados perfiles.
Este tipo de precios promedios se aplicarán hasta que se logre el objetivo último de establecer precios horarios, tal como señala el real decreto que entró ayer en vigor, pero que no fija ningún plazo (ni aproximado) para ello. Hasta 2018 el parque de contadores no estará totalmente digitalizado (a finales de este año, estará el 35%) y, aunque la norma prevé aplicar los precios horarios antes, su provisionalidad despende de una resolución del secretario de Estado de Energía, en la que se regule “la comprobación, validación y cierre de los datos [de los contadores con telemedida], así como los protocolos de intercambio de información”, entre las distribuidoras que se ocupan de la lectura de los contadores (unas 300) y las comercializadoras (250).
Para aprobar los citados procedimientos de lectura, la CNMC debe realizar una propuesta en el plazo de dos meses. Posteriormente, y “en el plazo que se estableza”, las distribuidoras deberán realizar la telemedida de todos sus equipos (solo una parte de los contadores electrónicos que están instalados disponen de telegestión).