Esta gran incógnita debe ser desvelada con carácter prioritario por el Gobierno como parte esencial de los cambios regulatorios en materia energética que se están terminando de preparar en los ministerios de Industria, Energía y Turismo (Minetur) y de Hacienda y Administraciones Públicas y que serán presentados en breve en Consejo de Ministros.
Así, aprobado el techo de gasto del sector eléctrico (que será previsiblemente convalidado hoy en el Senado), resta concretar qué cartera asumirá los costes extrapeninsulares, un montante que se calcula en 1800 millones de euros para 2014. A este respecto, el diario El Economista publica hoy que fuentes del ministerio que dirige Cristóbal Montoro han asegurado que es a partir de ahora cuando se abrirán las negociaciones para valorar las distintas partidas que se trasladarán a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Cabe recordar que en principio se preveía que fueran las cuentas públicas las que recogieran el coste de las extrapeninsulares (la compensación por generar electricidad en las islas); sin embargo, Montoro salió al paso para explicar que los PGE disponen de un escaso margen para poder asumirlo.
En cualquier caso, esas mismas voces aclaran que ya ha habido reuniones técnicas sobre este asunto, pero de una forma muy preliminar, así que parece que aún es necesario un impulso importante para dejar este tema tan delicado ya zanjado. Y es que se trata de un asunto muy sensible, ya que el recelo de Hacienda a asumir determinados costes eléctricos dificulta considerablemente el compromiso adoptado por José Manuel Soria de atajar de una vez por todas el déficit de tarifa este año.
Es posible que sea este viernes cuando se conozcan las medidas que conformarán la ‘temida’ reforma energética, que supondrá nuevos recortes por valor de unos 4000 millones de euros, que afectarán a buen seguro a las actividades de distribución y a las primas al régimen especial. El paquete reformista debe ser analizado mañana por la Subcomisión de Secretarios de Estado y es por ello por lo que se sospecha que la presentación de las novedades regulatorias será en el Consejo de Ministros del viernes.
No obstante, otros expertos del sector no descartan que el anuncio se aplace a septiembre, a tenor de los problemas a la hora de cuadrar números con los que se está encontrando el equipo de Soria. En cualquier caso, no sería extraño que el titular del Minetur optara por llevar una comunicación al Consejo de Ministros e ir aprobando las distintas reformas de forma progresiva.
Y es que el ministro de Industria prevé autorizar un ambicioso paquete de medidas que constará de un anteproyecto de ley, un real decreto ley y una serie de reales decretos, como el que recoge un mayor reconocimiento del déficit tarifario con aval del Estado por importe de 4000 millones que las eléctricas aún sostienen en sus balances por el desvío registrado en 2012.
Otro de los puntos con mayor enjundia será la fórmula elegida por el Ejecutivo para facilitar la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña. Precisamente sobre este tema Soria afirmó ayer que es «partidario» de volver a abrir la planta si cumple los requisitos económicos, medioambientales y de seguridad.
«El Ministerio ha puesto en marcha la posibilidad de reabrir la central si cumple los requisitos medioambientales y de seguridad que marca el Consejo de Seguridad Nuclear», dejó claro el titular del Minetur, quien incidió en que el cierre no se ha producido por razones de seguridad, sino económicas, ya que las nuevas tasas fiscales del primer tramo de la reforma y las inversiones adicionales necesarias por los nuevos requisitos de seguridad tras el incidente de Fukushima hacen inviable la continuidad de la planta. Esto seguirá siendo así a menos que se amplíe hasta los 60 años la vida de las centrales atómicas españolas.