Los responsables del Gobierno han despejado toda duda acerca de cuánto supondrá para el bolsillo de los ciudadanos la obligatoriedad recientemente aprobada de contar con una etiqueta energética de sus inmuebles, que se obtendrá junto con el certificado de eficiencia energética que es de obligada obtención desde el pasado 1 de junio para poder vender o alquilar cualquier vivienda en España. El coste de dicha etiqueta energética será cero.
Así lo ha clarificado el Ejecutivo en respuesta a la portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, que elevó la cuestión al Gobierno y que ha recibido respuesta recientemente. En concreto, desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy argumentan que el decreto del pasado mes de abril por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios supone la trasposición a la normativa española de la directiva europea de Certificación Energética de Edificios, en lo que afecta a los edificios ya existentes, dado que las normas para las nuevas construcciones ya se había incorporado en 2007.
Así, dicho decreto obliga a todos los propietarios de viviendas que deseen vender o alquilar un inmueble contar con un certificado de eficiencia energética en el que se incluya información sobre las características energéticas de los edificios, «de forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética para favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia y las inversiones en ahorro de energía».
«Por tanto, a partir de la aprobación del proyecto del RD de referencia, los arrendadores o vendedores deberán encargar a cualquiera de los técnicos competentes establecidos para la realización de certificados de eficiencia energética de edificios la elaboración de un certificado cuyo coste será el que establezca el mercado», precisa el Gobierno en su contestación.
Dicho certificado tendrá un periodo de duración de diez años, tiempo durante el cual también existirá el derecho a utilizar la etiqueta de eficiencia energética, que se incluirá en todas las ofertas, promociones y publicidades de venta o arrendamiento de dicho inmueble o vivienda.
«De acuerdo con lo anteriormente indicado, se concluye que no va a existir ningún procedimiento de cobro de la etiqueta de eficiencia energética a los propietarios de las viviendas por parte del Gobierno», concluye la respuesta parlamentaria.