Las instalaciones solares fotovoltaicas ingresarán este año una media del 27,6 % menos de lo previsto debido a los cambios regulatorios en este sector, aprobados en 2010, según un informe elaborado por los analistas de Netvalue. Estos subrayan que las normativas que afectan al régimen especial (renovables, cogeneración y gestión de residuos) que han salido adelante desde 2010 limitan o reducen el coste que suponen las ayudas a estas tecnologías, que el pasado año ascendió a 8518 millones de euros. Así, tras analizar 1409 instalaciones fotovoltaicas, los expertos de la consultora han concluido que facturarán este año una media del 27,6 % menos de lo que era previsible de acuerdo a las condiciones con las que accedieron al régimen primado cuando construyeron la planta.
Tres son las principales razones en las que los especialistas sustentan su pronóstico: los recortes de primas aprobados en 2010, el impuesto del 7 % a la producción eléctrica en vigor desde principios de este año y la modificación del mecanismo de retribución de febrero. En 2010, se aprobaron dos normativas que, por una parte, recortaron las primas a la solar fotovoltaica y, por otra, establecieron un máximo anual de horas con derecho a prima, que supondrán una reducción de ingresos del 19,8 % en 2013. La limitación horaria afecta más intensamente a las zonas de mayor insolación —de mayor producción potencial—, con un recorte de ingresos medio del 22,2 %, frente al 13,3 % de las áreas con menos horas de luz. Netvalue subraya que aunque el recorte promedio es del 19,8 %, «se debe considerar que la legislación previa ha tenido un impacto de entre el 30 % y el 40 % en muchas instalaciones».
Por su parte, el impuesto a la generación eléctrica del 7 %, en vigor desde principios de este año, tiene que ser asumido por las empresas renovables, ya que no pueden traspasarlo al precio de venta, lo que implica una minoración de la facturación media del 5,6 %. A esto hay que añadir un perjuicio del 2,2 % derivado de la modificación de la actualización de las primas, que desde este año se hace de acuerdo a la inflación subyacente a impuestos constantes —que no tiene en cuenta los alimentos ni los productos energéticos—.
Por último, los responsables de la consultora concluyen que esta reducción de ingresos se enmarca en un sector en el que la mayoría de las plantas están endeudadas al 80 %, lo que «puede provocar que muchas instalaciones no puedan hacer frente a los pagos de sus préstamos» este año.
El presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, advirtió la semana pasada de la situación de riesgo que atraviesan muchos de los inversores de esta tecnología. En unas jornadas sobre seguridad jurídica, alertó de que el Gobierno prepara una «quinta medida retroactiva» para la retribución del sector como parte de la reforma energética que previsiblemente se dará a conocer antes de que concluya junio. Asimismo, Martínez-Aroca explicó que, aunque desconoce «en qué va a consistir» exactamente, «por poco que sea lo que afecte al sector, va a suponer la absoluta destrucción de todo el colectivo fotovoltaico», altamente endeudado.