El número de beneficiarios del bono social de la tarifa eléctrica ha bajado casi un 18% desde que se creó en 2009. Según los datos de la CNMC, estos usuarios han pasado de poco más de tres millones ese año, a los 2,5 millones en 2014, unos 15.000 abonados menos en un año.
Esta evolución sorprende teniendo en cuenta que los años transcurridos desde su creación han sido los de la larga crisis económica y que entre los colectivos con derecho a disfrutar del descuento en la factura de la luz están las familias con todos sus miembros en paro y los que cobran la pensión mínima.
Con todo, tal como reflejan los datos del organismo regulador, el número de beneficiarios de estos dos colectivos ha aumentado: los desempleados, un 264,5%, al pasar de 15.032 en 2009 a 54.824 este año, y los pensionistas en un 4,07%, 289.113 frente a 277.815. También las familias numerosas con bono se han disparado en 150%, hasta situarse en estos momentos en 162.174.
Más allá de si el aumento de beneficiarios entre estos grupos debería haber sido mayor en estos años de recesión (sorprende el escaso crecimiento entre los pensionistas), la mayor caída, la que rompe la media, es la del colectivo con potencia contratada inferior a los 3,3 kW, que es el más numeroso. Estos, que son los únicos a los que el bono se les aplica sin solicitarlo previamente, han descendido en casi un 26%, hasta 1,962 millones.
Existe un quinto grupo, con algo más 25.000 personas, que es el que disfruta de la antigua tarifa social (anterior al bono), que ha caído casi un 8% en un año.
Fuentes del sector atribuyen el descenso de los abonados con 3,3 kW a dos factores:por un lado, a los planes antifraude del bono social y de implantación de interruptores de control de potencia (ICP o antiguos automáticos), del que carecen muchas viviendas. Al no tener interruptor, el consumidor contrata potencias muy bajas, por lo que paga poco o disfruta del bono social, en el caso de que sea inferior a 3,3 kW, y puede consumir sin límite.
Otra explicación, que también serviría para demostrar por qué el colectivo de pensionistas no ha aumentado más, está en la política comercial de las eléctricas que, al hacer ofertas en el mercado libre, sacan a estos usuarios de la tarifa regulada (PVPC), y, por tanto, del bono social (solo tienen derecho al mismo quienes se mantienen en dicha tarifa). Por tanto, señalan las mismas fuentes, pasan a pagar más a pesar de los descuentos ofrecidos. La persecución de este tipo de prácticas por parte de las empresas corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo. En cualquier caso, el organismo regulador no ha cuantificado el impacto de cada factor.
El bono social de la tarifa consistía, hasta la reforma eléctrica del Gobierno, en una congelación de la factura de la luz mediante la aplicación de la tarifa vigente en 2009. Desde este año, el bono es un descuento (del 3,4%) respecto a las tarifas actuales (la vieja TUR ha dado paso al PVPC).
Pero el bono social de la luz sigue pendiente de la modificación aprobada en el marco de la reforma eléctrica de julio de 2013, según la cual, además de esas circunstancias personales, para tener derecho al mismo no se pueden superar ciertos niveles de renta per cápita (por ejemplo, 10.800 euros anuales para una primera persona de la familia).
Aunque el real decreto que incluyó este endurecimiento de las condiciones, que podría dejar a más de la mitad de los actuales bonistas sin este beneficio social, establecía un periodo transitorio para su aplicación hasta julio de este año, el Ministerio de Industria, no ha aprobado el reglamento. Hay quien asegura que ligar la tarifa a la renta del consumidor causará problemas con la ley de protección de datos (las eléctricas dispondrán de dicha información) y se presta a fraude. Otras fuentes atribuyen el retraso a razones electoralistas.
¿Quien financia el descuento de la luz?
El bono social de la tarifa eléctrica se creó en 2009 siendo ministro de Industria Miguel Sebastián. Al no estar ligado a la renta, el bono tenía poco de social, especialmente, en el caso de las familias numerosas con rentas altas y los pensionistas con otras rentas, que no se tienen en cuenta a la hora de otorgarlo.
En un principio, su coste (entre 200 y 300 millones anuales) lo financiaban las cinco grandes eléctricas, una obligación que Iberdrola recurrió ante el Tribunal Supremo, que en 2010 dio la razón a esta compañía argumentando que no se justificaba que solo las integradas en Unesa tuviesen que sufragar el bono. La sentencia se hacía extensiva a todas las demás, por lo que, a partir de ese momento y con carácter retroactivo, el sistema eléctrico (esto es, el resto de los consumidores a través de los peajes) tuvo que hacer frente al pago de esa tarifa social. En el marco de la reforma eléctrica, el actual Gobierno de Mariano Rajoy decidió que las empresas integradas verticalmente (las grandes eléctricas y muchas otras de pequeño tamaño)financiasen el bono. Al sumar al resto de compañías, el Ministerio de Industria considera se solventan los defectos de la norma anterior cuestionada por el Supremo.
En España, 25,4 millones de clientes tienen derecho al precio regulado (PVPC), por tener menos de 10 kW de potencia contratada, de los cuales, 10,89 millones han pasado al mercado libre, un 42,8%. En ese trasvase, critican fuentes próximas a la CNMC, han pasado muchos usuarios que, sin saberlo, se han quedado sin ese descuento al aceptar las ofertas (de cualquier tipo) que hacen las comercializadoras.