A la conclusión de 2012, los beneficiarios del bono social eléctrico disminuyeron un 5,3% respecto a los datos de 2011, al contabilizarse 2,6 millones de usuarios, y, tal y como prevé la Comisión Nacional de Energía (CNE), en 2013 aún descenderá más la cifra de consumidores acogidos a esta tarifa que ofrece descuentos del 23% en la factura respecto a la Tarifa de Último Recurso (TUR), según información de las eléctricas y las estimaciones del propio regulador.
Los pronósticos de la entidad que preside Alberto Lafuente hablan de que, a lo largo de 2013, los usuarios del bono social disminuirán hasta los 2,4 millones, lo que representará un recorte adicional del 5,7%.
Actualmente, la mayor parte de los domicilios registrados -2,1 millones- corresponde a viviendas con menos de 3 kW contratados, un 0,4% más que en 2011, mientras que los hogares con todos los miembros en paro ascienden a 31.532, un 4,6% más, frente a los 133.952 hogares con familias numerosas, un 15% más, y los 287.367 con pensionistas, un 11% menos.
Los beneficiarios inscritos apenas equivalen al 10,2% del total de usuarios y al 6,3% de la electricidad consumida en los hogares con tarifa regulada, lo que supone niveles comparables a los usuarios registrados al arrancar la medida, a mediados de 2009. En marzo de 2010, el bono llegó a beneficiar al 12% de los consumidores con tarifa.
El descenso registrado desde comienzos de 2010 se produce a pesar de que, desde esa misma fecha, el número de familias numerosas y parados con bono social ha aumentado un 60%. No obstante, los hogares con potencias inferiores a 3 kW, que son los de mayor peso dentro de los perceptores de la ayuda, han descendido un 18% frente al incremento del 8,7% en el resto de colectivos protegidos.
Cabe recordar que los consumidores con derecho al bono social son las familias numerosas, hogares con todos los miembros en paro, los perceptores de pensiones mínimas para personas de más de 60 años y los hogares usados como vivienda habitual con menos de 3 kW de potencia contratada.
Salvo en algunos casos del último grupo, es necesario solicitar el bono social a la compañía eléctrica, y también se debe informar cuando se haya dejado de cumplir con los requisitos para percibirlo si se quiere evitar una posible penalización.
Desde su puesta en marcha, las cinco grandes eléctricas se han encargado de financiar el bono social, pero en febrero de 2012 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que les daba la razón y consideró discriminatorio que fuesen exclusivamente ellas las que tuviesen que costear la medida. De esta forma, como recuerda la CNE, el bono social está pendiente de que el Ministerio de Industria fije el nuevo mecanismo para su financiación. Mientras, la tarifa eléctrica debe asumir su coste –que en 2012 ascendió a 161 millones de euros- y deberá también afrontar el coste de restituir a las eléctricas las cantidades abonadas hasta la fecha.
Como parte de estas cantidades que se deben devolver a las eléctricas figura el coste del bono social de 2011, que se elevó a un total de 178 millones de euros, según los cálculos de los expertos de la CNE.