Fuente: Cinco Días
En 2014 el sistema eléctrico registró un superávit de tarifa de 550,3 millones de euros. Ya en 2015, por segunda vez, el excedente llegó a los 251,1 millones, si bien, se prevé que en la liquidación final de ese ejercicio, que se publicará en noviembre, el superávit total del año pasado sumará unos mil millones. Esta diferencia se explica por los retrasos o decalaje de la Agencia Tributaria en el pago de algunos tributos que se destinan al sistema eléctrico, especialmente, el canon hidráulico.
De momento, los 800 millones acumulados en los dos años, que se convertirán en unos 1.600 millones a finales de 2016, “están muertos de risa”, según la definición más extendida en el sector, en una cuenta corriente que gestiona la CNMC.
Un bloqueo en toda regla, si bien involuntario, ya que la Ley del Sector Eléctrico prohíbe dedicar estos excedentes (cantidades que han pagado de más los consumidores en su factura)a bajar los peajes de la luz y exige, por contra, que se destinen a amortizar la deuda eléctrica. Fruto de los déficits acumulados entre 2000 y 2013, la deuda viva del sistema cerrará este año con algo más de 23.000 millones de euros.
El artículo 19 de la Ley Eléctrica de diciembre de 2013, establece que “los superávit de ingresos del sistema (..) serán considerados ingresos liquidables del ejercicio en curso y siempre que existan desajustes de años anteriores [estos] de destinarán a la reducción de las cantidades pendientes de devolución”.
El problema que se plantea parece, de momento, irresoluble: por un lado, el Gobierno no ha desarrollado este artículo mediante un reglamento que permitiera amortizar el pasivo;por otro, los mecanismos de recuperación de unos derechos de cobro que correspondían a las cinco grandes eléctricas que asumieron el coste de la deuda en tanto se iba colocando el mercado, hacen totalmente complicado recortarla. Esta es propiedad de bonistas que la adquirieron en sucesivas titulizaciones.
Existen varias categorías de derechos de cobro cedidos:el déficit de 2005, que cerrará este año con una deuda viva de 1.134 millones de euros; el déficit exante, con 603 millones; el Fondo de Titulización de la Deuda Eléctrica (FADE), que acumula el grueso de la deuda 18.429 millones de euros y el déficit de 2013, con 2.903 millones.
Salvo el caso del FADE, únicas titulizaciones que se realizaron con el aval del Estado, el resto de la deuda (o casi toda ella)tiene en estos momentos tipos de interés negativos, lo cual hace inútil financieramente cualquier amortización. En el caso del FADE, por el contrario, con unos tipos de interés superiores al 4%, sí resultaría rentable, pero su diseño impide reducirla con amortizaciones parciales, ya que el fondo tiene su propio calendario de refinanciaciones.
En todo caso, la ley no ha sido desarrollada y difícilmente lo podría hacer el actual Gobierno en funciones. Los responsables del Ministerio de Industria reconocieron en su día la dificultad de amortizar la deuda eléctrica, lo que explicaría que en tanto tiempo (el superávit de 2014 se conoce desde hace más de un año) no haya logrado sacar adelante un reglamento en este sentido.
Fuentes jurídicas apuestan a medio plazo por un cambio en la ley, que permita dar otro destino a estas cantidades cobradas de más a los usuarios.
Liquidación de marzo
La CNMC publicó ayer la tercera liquidación de los sistemas eléctricos y del gas de este año correspondientes a marzo. Según las mismas, la demanda eléctrica y la de gas descendieron un 3,6% y un 6,7% respectivamente, sobre ejercicios anteriores debido a factores meteorológicos. El déficit provisional (de caja) de la tarifa eléctrica se situó en 1.182 millones de euros y en el sector gasista en 149 millones de euros.
El desajuste provisional del sistema eléctrico es 141 millones inferior a lo previsto debido, fundamentalmente, a que los costes regulados fueron 169 millones menos a los previstos, por los menores costes de la retribución específica de las renovables.
Un ‘problema’ llamado excendente
El sistema eléctrico vive en una continua paradoja: de la lacra del déficit de tarifa, que el Gobierno ahora en funciones eliminó, entre otras medidas, recortando la retribución de las renovables, subiendo las tarifas a los consumidores y creando impuestos a la generación que revierten al sistema, vía Hacienda, ha pasado a tener un problemático superávit de tarifa (fenómeno que, al contrario del déficit, se produce cuando los ingresos superan a los costes) de 1.600 millones del que no puede hacer uso, salvo un cambio normativo que no es posible en la actual situación de interinidad del Gobierno.
Un ejemplo de la paradoja es que, en el caso de que este año se genere un nuevo déficit (la orden de peajes lo estimaba en algo más de 30 millones) este no podría ser sufragado por el superávit custodiado en una cuenta corriente a nombre de la CNMC por la que recibe más del 1% de interés, y cuyos réditos se liquidan por el sistema.
La situación ha creado un gran malestar entre los generadores eléctricos, grandes y pequeños, que van cobrando de la CNMC a lo largo de los meses del año en función de la cobertura de ingresos del sistema, lo que implica una financiación permanente hasta que la cobertura es del 100%.
Por contra, algo que estas empresas consideran discriminatorio, la anualidad que el FADE de la deuda eléctrica reciben del sistema (los usuarios pagarán este año 2.850 millones por la hipoteca de la deuda eléctrica acumulada) la reciben conforme a su calendario sin que se le aplique como al resto el coeficiente de cobertura. Las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo) a través de su patronal Unesa, han pedido este mismo trato para el FADE.