La asociación empresarial Protermosolar asegura que el nuevo sistema de retribución diseñado por el Gobierno no garantiza la «rentabilidad razonable» establecida en la ley para las plantas termosolares.
En un comunicado, la asociación señala que la retribución a la termosolar ya se ha reducido en un 37% en los dos últimos años, a lo que se suman los nuevos recortes asociados al nuevo mecanismo de retribución. En lo que va de legislatura, la termosolar ha sufrido los efectos de la ley 158/2012, en la que se recogen los nuevos impuestos eléctricos, y del real decreto ley 2/2013, acerca de la revisión anual de las retribuciones y de la obligación de elegir entre mercado y tarifa.
«La rentabilidad de las centrales termosolares ya se encontraba, antes de conocer los detalles de esta reforma, muy por debajo del 7,5%», al tiempo que el nuevo sistema, «lejos de corregir la situación, ha añadido nuevos recortes», señala. La rentabilidad razonable actual se aleja «aún más de la establecida por la Ley del Sector Eléctrico», continúa Protermosolar, que dice haber realizado un análisis del nuevo recorte aún preliminar, pero suficiente para deducir que los costes de inversión y los costes de operación y mantenimiento han sido «claramente subestimados y no se corresponden con los costes reales».
Protermosolar asegura además que los ejemplos comparativos que se presentan en la memoria justificativa del borrador de orden ministerial con los nuevos estándares utilizan valores de producción estimada que «tampoco se corresponden con la realidad», e incluso un caso de central inexistente a la que suponen mejoras. Tampoco considera representantivas las comparaciones que se puedan hacer con las retribuciones reales de los años 2012 y 2013, ya que una buena parte de las centrales se encontraban todavía en sus inicios de operación sin que hubiesen alcanzado las condiciones nominales de producción.
En suma, considera que «el nuevo sistema, lejos de facilitar que se cumpla lo establecido por la ley respecto a la rentabilidad razonable, consolida la situación de acumulación inasumible de recortes respecto a las condiciones que motivaron la construcción de las centrales por parte de inversores inacionales y extranjeros, comprometiendo la viabilidad de una industria en la que España es puntera y la financiación del sector».