La falta de actualización del Real Decreto sobre las restricciones por garantía de suministro, normativa que determina qué cantidad de carbón nacional deben adquirir las centrales térmicas anualmente -aprobada por el anterior Gobierno en 2010 y cuya vigencia expirará en 2014-, ha llevado a los titulares de numerosas instalaciones a paralizar las compras de esta materia prima a las empresas extractivas.
En este sentido, responsables del sindicato minero SOMA-FITAG-UGT han explicado que «las térmicas han dejado de comprar carbón nacional el 1 de enero porque el Ministerio de Industria aún no ha actualizado el RD sobre restricciones por garantía de suministro que debe ponerse al día cada año con una resolución en la que se fijen las cantidades de carbón, el volumen de producción y los precios de retribución de la energía», situación que añade «más dificultades e incertidumbre» al sector minero.
Así, instalaciones térmicas como las leonesas de La Robla o Anllares ya no compran carbón a las mineras suministradoras y funcionan con el stock almacenado, lo que agrava la situación de mineras como la Hullera Vasco Leonesa o las compañías del Grupo Alonso. En el caso de Hunosa, por ahora salva esta dificultad porque mantiene un contrato de venta de su producción a HC Energía.
Conviene recordar que el 31 de diciembre de 2011 el Minetur publicó la Resolución de 30 de diciembre de ese año de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se fijaron las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía para el año 2012. Sin embargo, también el último día de 2011 el Gobierno de Rajoy publicó en el BOE el Real Decreto-ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Esta normativa recoge en su disposición adicional décimoquinta que «excepcionalmente para el año 2012» las resoluciones que ordenaban el decreto del carbón se determinarían con carácter trimestral por resolución de la Secretaría de Estado de Energía.
A esto hay que añadir que el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 30 de marzo, por el que se adoptaban medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, establece en su artículo 11 un recorte del 10% en el volumen máximo de carbón previsto en el mecanismo de restricciones por garantía de suministro en el año 2012.
En cuanto a 2013, aún no se ha aprobado ninguna resolución, lo que deja sin efecto, de momento, el mecanismo que garantiza el consumo de carbón nacional.
Hay una propuesta elaborada por el equipo de José Manuel Soria sobre este asunto, pero esta no reconoce los nuevos impuestos a la energía como coste a la hora de determinar el precio regulado para el carbón nacional cuya quema es obligatoria. Por ello, las eléctricas aglutinadas en Unesa han pedido a Industria que el impuesto del 7% a los ingresos derivados de la generación de electricidad y el llamado «céntimo verde» al carbón (0,65 €/gigajulio) sí sean tenidos en cuenta como costes cuando se establezcan los precios regulados. En caso contrario, «se estaría obligando a las empresas a comprar y consumir carbón a pérdidas, lo que carece de todo sentido», defiende la patronal.
Fuentes próximas al ministerio aseguran que si se produce un cambio importante del mecanismo de restricciones por garantía de suministro (autorizado en su día por la Comisión Europea como una ayuda de Estado), la nueva normativa tendría que pasar el filtro de Bruselas, lo que, inevitablemente, retrasaría aún más su aprobación. Esto aleja la posibilidad de que pueda ver la luz esta semana, según aseguraron ayer los representantes de los sindicatos mineros de UGT y CC. OO. tras la reunión que mantuvieron con el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.
De momento, el limbo en el que se encuentra la regulación sobre este asunto no hace sino empeorar una situación ya de por sí compleja de la minería española, cuyas empresas aún no han recibido las ayudas de 2012, que ascienden a 111 millones de euros.
De la cita de ayer en la sede del Minetur salió el compromiso de Nadal de liberar las ayudas cuanto antes y de elaborar un borrador del plan futuro del sector minero para antes de marzo, cuando se ha fijado que tendrá lugar una segunda reunión entre las partes implicadas y la Administración. En esta ocasión, Carbunión, la patronal sectorial, también estará presente en unas negociaciones que tratarán tanto la demanda del carbón nacional y las ayudas territoriales y sociales como posibles reconversiones de las empresas mineras, según indicaron los portavoces de los sindicatos.