Fuente: El Economista
En 2017 los impuestos energéticos van a recaudar 2.860 millones de euros, un 5,8% más de los 2.703 millones previstos al inicio del ejercicio. El Ministerio de Energía tiene pensado destinar la diferencia, de 157 millones, a un fondo de contingencia específico que debería terminar incrementando el superávit registrado por el sistema eléctrico en los últimos años.
Desde 2013, los Presupuestos del Estado destinan a cubrir los costes del sistema eléctrico lo recaudado con los tributos sobre la energía establecidos por la Ley 15/2012 y el 90% de lo obtenido con las subastas de CO2. Si después resulta que los ingresos reales superan la cantidad consignada en los Presupuestos, Hacienda puede generar un crédito a favor del sistema eléctrico, pero dependiendo de sus propios trámites presupuestarios.
Eso es precisamente lo que ha sucedido este año: la memoria de impacto del borrador de la Orden de Tarifas de 2018 augura que esas dos partidas recauden 157 millones más de lo previsto y la Cartera dirigida por Álvaro Nadal piensa crear un fondo de contingencia, con cargo al superávit del sistema eléctrico, en el caso de que Hacienda no conceda la ampliación de crédito de 157 millones.
Se da la circunstancia de que el sistema eléctrico ya cuenta, desde hace unos años, con un fondo de contingencia para imprevistos; este ejercicio está dotado con 60 millones y el próximo tiene asignado un incremento del 50%, hasta 90 millones. Por lo tanto, este fondo, ya habitual, coexistirá con el extraordinario de los 157 millones derivados de los Presupuestos.
500 millones del superávit
El borrador de la Orden también habilita al Secretario de Estado de Energía a destinar hasta 500 millones procedentes del superávit registrado en los últimos años -asciende a 1.440 millones entre 2014 y 2016- a cubrir eventuales desequilibrios entre ingresos y costes en 2017 y 2018, a razón de un máximo de 200 millones para el primer año y de 300 millones para el segundo.
El Gobierno incluyó en la Ley de Presupuestos de 2017 la posibilidad de destinar el superávit a cubrir costes del sistema y en octubre decidió usarlo para devolver a las eléctricas lo que les costó el bono social en 2015 y 2016, unos 300 millones. En 2018 tiene planificado aprobar la metodología para amortizar deuda eléctrica -unos 23.000 millones a cierre de 2016- con el superávit.