FUENTE: Juan Ignacio Unda, ex consejero de la Comisión Nacional de Energía, en Cinco Días
En los últimos tiempos y al albur de la compleja y grave situación que vive el sector eléctrico, vemos con frecuencia artículos de opinión que tratan de analizar la situación del sector, sus dificultades, las reformas propuestas y soluciones aplicadas.
En lo que todos estamos de acuerdo es en el hecho de que el déficit tarifario, que en 2013 provisionalmente ha alcanzado los 3.200 millones de euros, es insostenible y compromete seriamente a todo el sector eléctrico, tanto a los consumidores como a las empresas que actualmente soportan indebidamente en sus cuentas el mismo. El único responsable de la creación del déficit es, a su vez, el único con las competencias para solucionar el mismo: la Administración Central.
De entre las discutidas soluciones que se debaten, proponen y aplican, están las medidas que afectan a reducciones de costes de las actividades reguladas (transporte, distribución, renovables), las medidas de traslados de partidas de costes regulados a costes de la energía (interrumpibilidad, operación de sistema), las medidas impositivas y las medidas que permiten externalizar determinadas partidas de costes regulados actualmente incluidas en las tarifas eléctricas, convendría centrarse en estas últimas, es decir, el extraer de las tarifas aquellos costes regulados que retribuyen conceptos ajenos a la electricidad y al propio suministro, y que en realidad son políticas de estado medioambientales, sociales y políticas territoriales cuya financiación no debería recaer, o al menos, no recaer de manera exclusiva, en los consumidores eléctricos.
Estas medidas per se permitirían no solo solucionar el grave problema del déficit, también eliminar cargas impositivas e incluso reducir las tarifas que pagan los consumidores eléctricos con el gran efecto que ello tendría no solo sobre la renta disponible, sino también sobre la competitividad del sector industrial.
Entre las medidas necesarias para extraer de las tarifas aquellos costes regulados que retribuyen conceptos ajenos al sector eléctrico porque responden a políticas de Estado y que se han ido incluyendo en aquéllas como cajón de sastre, se pueden citar, entre otras:
a) la eliminación de las cantidades de carbón nacional a consumir bajo el mecanismo de restricciones por garantía de suministro (460 millones de euros al año). Esta es una clara medida de política de Estado de apoyo al carbón nacional y a la cohesión territorial que debiera ser asumida como tal política por los Presupuestos Generales del Estado, independientemente del negativo impacto que tiene en el mercado eléctrico y en la conformación de sus precios el actual mecanismo restricciones;
b) la compensación extrapeninsular (1.806 millones de euros al año). Dada la naturaleza de su coste –cohesión territorial– debiera también ser financiada al 100% por los Presupuestos Generales del Estado como estableció inicialmente el Real Decreto Ley 6/2009, y no el 50 % actualmente previsto para 2014. En 2013 fue suspendida su aplicación en decisión de último minuto, y por tanto se consagró como más déficit tarifario. ¿Se volverá a repetir dicha situación en 2014?
Solo la externalización de estos dos claros conceptos (existen más, como veremos a continuación) supone un ahorro en costes de 2.260 millones de euros al año en las tarifas eléctricas.
Centrémonos ahora en otra clara medida de externalización de costes de la tarifa eléctrica, como es la financiación parcial del régimen retributivo específico (antiguas primas) de las energías renovables, cogeneración y residuos por parte de los sectores del gas y petróleo.
La política energética y ambiental europea reconoce mediante la Directiva 2009/28/CE, la necesidad del fomentar el uso de energía procedente de fuentes renovables, y fija como entre sus objetivos generales conseguir una cuota del 20 % de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía en cada Estado miembro para el año 2020. Dado que el sector de hidrocarburos líquidos y gaseosos prácticamente no contribuye a las citadas obligaciones del 20% de sus sectores, resulta que el sector eléctrico es el principal contribuyente con algo más del 38% en 2012 sobre la demanda de electricidad, lo cual facilita el cumplimiento del objetivo global del 20 % de energía renovables en el consumo final bruto de energía en 2020.
Ahora bien, dado que la contribución por dichos otros sectores es limitada, cabría, por ejemplo, repartir el coste de las renovables sobre el resto de sectores, pues el cumplimiento de los objetivos responde a una política energética global de Estado, ligada a las emisiones de CO2 provocadas por todo el consumo energético (no sólo el eléctrico) y, por tanto, la financiación no debiera recaer en exclusiva sobre los consumidores eléctricos pues asumen de manera injusta dicha financiación muy por encima de su obligación real.
En el periodo 2013 las renovables han alcanzado un 40% de la demanda eléctrica, es decir, 20 puntos por encima de su objetivo global, un 50% de exceso. Si la retribución específica (sobrecoste) a las renovables está previsto que alcance los 7500 millones de euros en 2014, el sistema de redistribución de dichos sobrecostes conllevaría que ese aproximadamente 50% fuera soportado por los otros sectores energéticos (gas y petróleo), esto es, 3750 millones de euros, mientras el resto debiera continuar siendo sufragado por el sector eléctrico. La introducción de esta carga tributaria de carácter ambiental y que gravaría el consumo de hidrocarburos líquidos y gaseosos (usos térmicos), respondería al criterio de la directiva y respondería a un concepto de política energética global. La aplicación de la tributación mantendría en todo caso la fiscalidad de dichos productos por debajo de la media de la UE. Un céntimo de euro aplicado tiene un impacto directo muy poco significativo en la inflación, aproximadamente un 0,05%, en cambio produce una recaudación, excluidos querosenos, de unos 400 millones de euros.
Por ello, solo la externalización de las tarifas eléctricas de los conceptos y medidas aquí desgranadas provocarían un ahorro en costes de hasta 6.000 millones de euros al año, lo cual dicho de otra manera podría significar un ahorro de más del 25 % sobre los costes totales de la tarifa eléctrica, cantidad más que suficiente para eliminar el déficit de tarifas, rebajar la factura al consumidor y a la industria, restablecer políticas energéticas y económicas claras tanto en redes como en renovables, y devolver al marco regulatorio la seguridad jurídica y estabilidad regulatoria tan necesaria en la actualidad para los sectores implicados.