FUENTE: Expansión / Agencias
Se suman así a la patronal Unesa, integrada por las grandes eléctricas que operan en España, que también ha tomado la misma medida contra la normativa.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por la Asociación de Productores de Energías Renovables contra el real decreto que regula el canon que grava la producción de energía eléctrica con agua, según publica ayer el BOE.
En concreto, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo ha admitido a trámite un recurso de esta asociación de renovables, como ya hizo recientemente con otra denuncia de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), según se aprecia en el BOE de este miércoles.
El recurso se dirige contra el desarrollo del artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, que se introdujo en 2012 a través de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. En él se establecía un nuevo canon a la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.
El canon consiste en un gravamen del 22% a la producción en instalaciones hidroeléctricas.La aplicación de este canon aprobado en 2012 y no desarrollado hasta este año permite aliviar en unos 300 millones de euros el déficit de tarifa entre los ejercicios 2013 y 2015. Su aplicación tiene efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2013.
Este gravamen forma parte de los impuestos a la actividad eléctrica aprobados en 2012 para reducir el déficit de tarifa en 2.700 millones. Aparte del canon hidráulico, estos impuestos incluyeron una tasa del 7% a la producción de electricidad, un gravamen para la nuclear y céntimos verdes para el gas, el carbón y el fuel.
Justificación ambiental
El impuesto hidráulico se aplica con el argumento de que «la calidad general de las aguas continentales españolas hace necesaria su protección a fin de salvaguardar uno de los recursos naturales imprescindibles para cualquier actividad humana y necesarios para el desarrollo de la sociedad».
En todo caso, el 2% de lo recaudado será considerado ingreso del organismo de cuenca, al tiempo que el 98% restante se ingresará en el Tesoro y será destinado a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a «actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico».
De los PGE, este 98% pasará al sistema eléctrico, ya que la Ley 15/2012, la misma que impone los nuevos impuestos, establece que las cuentas públicas destinarán a la tarifa una cantidad similar a la recaudada a través de los gravámenes.