Fuente: Cinco Días
Tras una semana de retraso, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión del viernes el Real Decreto Ley que establece el cálculo de la tasa de rentabilidad que se aplicará a partir del 1 de enero de 2020 durante dos periodos regulatorios de seis años, según fuentes políticas. Un texto que reproduce el contenido de un anteproyecto de ley que el Gobierno elaboró a finales del año pasado y que se paralizó tras la convocatoria de elecciones, que permitirá a las instalaciones anteriores a 2013 mantener su actual tasa del 7,398%. para las posteriores será del 7,09%.
Una novedad respecto a lo previsto la semana pasada en la en la propuesta de RDL del Ministerio para la Transición Ecológica, es que de él se han caído el nuevo mecanismo de subastas renovable, que hubiese permitido desbloquear la adjudicación de nueva capacidad verde, así como las medidas antiburbuja para frenar la especulación ante la avalancha de solicitudes de nuevas plantas y puntos de conexión a las redes eléctricas.
Dada la provisionalidad del Gobierno y a la vista de que el citado real decreto ley debe ser convalidado por el nuevo Parlamento que se constituirá el 3 de diciembre, el equipo en funciones de Pedro Sánchez, ha preferido no poner en riesgo la aprobación de la medida que considera verdaderamente urgente y justificaría el apoyo de los distintos grupos políticos: la tasa de rentabilidad para el nuevo periodo regulatorio que concluye el 31 de diciembre.
De no aprobarse la norma, el Gobierno entrante se enfrentaría a dos opciones, según las interpretaciones que hacen los juristas: o volver a aplicar la actual metodología de cálculo en vigor desde 2013 (ligada al bono del Estado más un diferencial de 200 puntos), lo que rebajaría la rentabilidad de las plantas al 4,5% por la caída del bono, o continuar con la tasa actual en medio de la incertidumbre y del vacío legal. La metodología ahora propuesta, en línea con la de las redes energéticas en trámite (en este caso, la regulación compete a la CNMC), se basa en el coste medio ponderado del capital o WACC.
El RDL, la gran reivindicación de las renovables, incluye una medida contra los arbitrajes internacionales (y los consiguientes laudos condenatorios) que España soporta desde hace más de un lustro por el recorte que el Gobierno del PP aplicó en 2013 a las primas a la producción renovable.
La norma que el Consejo de Ministros prevé aprobar mañana establece que a los inversores que consigan cobrar alguna indemnización derivada de laudos arbitrales, se les descontará de la nueva retribución. Asimismo, el Gobierno considera que mantener fija la tasa por 12 años (la mayoría de las plantas estarán amortizadas para entonces) puede ser un argumento en contra de los inversores internacionales denunciantes, a la vista de que los argumentos de los árbitros contra España es que no hubo compensación ni periodo transitorio para los afectados por los recortes.
El texto en trámite incluye también un criterio específico para otorgar los puntos de conexión que queden libres como consecuencia del cierre de centrales térmicas (carbón o nucleares). En este caso, en la adjudicación se tendrán en cuenta “criterios de tipo social”, esto es para proyectos que revitalicen las zonas afectadas por los cierres y creen puestos de trabajo.
Respecto al nuevo mecanismo de subastas y las medidas antiburbuja, que han sido eliminadas del RDL, el Gobierno no descarta aprobarlo en cuanto se despeja su futuro. El citado mecanismo, que permitirá celebrar nuevas pujas ahora bloqueadas, consistiría en subastar el precio por producción y no la inversión como ahora.
También sigue en cartera la aplicación de medidas contra la especulación en un sector que está experimentando una fuerte efervescencia. Una de ellas, fijar calendarios con hitos a cumplir por los inversores que, de lo contrario, se quedarán sin la autorización para seguir con sus proyectos.
LLEGA AL BOE LA PRIMERA CIRCULAR DE LA CNMC
El BOE publicó ayer la nueva metodología de retribución financiera de las redes de transporte y distribución eléctrica y regasificación, transporte y distribución de gas que entrará en vigor el 1 de enero de 2020, en el caso de la luz, y enero de 2021, en el del gas. Se trata de la primera circular normativa, de un total de 14, que aprueba la CNMC y la primera dictaminada favorablemente por el Consejo de Estado, tal como adelantó Cinco Días. El Consejo ha devuelto también sin ninguna pega una segunda circular, la relativa al funcionamiento del mercado mayorista eléctrico, que la CNMC podría aprobar en breve.
De la nueva metodología, basada en el coste medio ponderado del capital o WACC, se deriva una bajada de la tasa de retribución de las redes eléctricas del 6,5% al 5,58%, que se aplicará en el periodo regulatorio 2020 a 2025. En el transporte de gas, se traduce en una tasa el 5,44% y en la distribución, el 5,83% y se aplicará de 2021 a 2026. Según la CNMC, es una metodología “consistente, reproducible y ampliamente utilizada” entre los reguladores europeos”. Al organismo le faltan por aprobar cuatro proyectos de circulares (las de retribución de la distribución del gas; las metodologías de peajes del gas y la luz y la de acceso y conexión a las redes eléctricas).