El pasado miércoles, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) convocó de urgencia a varias asociaciones de renovables para anunciarles la decisión de Industria de realizar una nueva subasta verde el próximo otoño. Concretamente, 1.000 MW eólicos (900 MW de parques nuevos y 100 MW de repotenciación); en esta ocasuón, entre 500 y 1.000 MW fotovoltaicos, sin precisar, y unos pocos megavatios de minihidráulica. Se trata de la segunda subasta de este tipo que el Gobierno celebrará tras la convocada en enero, en la que se adjudicaron 500 MW eólicos y 200 de biomasa, y que puso fin a la moratoria para nuevas plantas de renovables con derecho a cobrar primas decretada por el Gobierno en enero de 2012.
En general, las asociaciones que asistieron a la reunión (la eólica AEE y las fotovoltaicas UNEF y APPA) se sorprendieron por las prisas del ministerio, dada la provisionalidad del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y de que el propio titular, Luis de Guindos, está doblemente en funciones. Según fuentes del sector, la urgencia responde al temor de que España no pueda cumplir los objetivos medioambientales de la UEen 2020, aunque también se atribuye a una campaña de imagen del secretario de Estado de Energía, que estaría tomando posiciones para ser ministro de Industria.
Las condiciones de la subasta, que se celebrará cuando haya nuevo Gobierno y siempre antes del 31 de diciembre, son similares a las de la primera, lo que ha supuesto un jarro de agua fría para el sector. Las empresas temen que se repita el fiasco de la subasta de enero, que se adjudicó con prima cero, cuando producir sin incentivo, lo puede hacer cualquiera que monte una planta.
Para la convocatoria de otoño, se mantiene el mismo modelo de retribución a la inversión y se volverá a subastar un descuento sobre el coste de inversión (Capex), algo que el ministerio considera “innegociable”. Por contra, ahora los proyectos deben estar identificados, aunque después se cambien por otros del mismo grupo empresarial. En este sentido, habrá una precalificación para acreditar la solicitud del punto de conexión.
Un año después de la adjudicación, la instalación deberá acreditar la autorización administrativa y la aprobación del proyecto, lo que garantizará que será construido. El ministerio hará seguimiento de la tramitación y ejecución de los proyectos y, de no respetarse las condiciones, perderán su derecho y correrá el turno al siguiente adjudicatario. En esta ocasión, las garantías, tanto para presentarse a la subasta como para ejecutar el proyecto, se incrementarán para impedir que aquel opte por no construirlo perdiendo simplemente al aval (en la de enero eran 20.000 euros/MW y debía construirse en cuatro años).