Cierres, quiebras, concursos de acredores, refinanciación, quitas, retroactividad. Con estos términos describían ayer las empresas del sector de renovables el panorama desolador que se les presenta tras conocer los parámetros retributivos incluidos en la orden ministerial que ha remitido Industria a la CNMC y que supone la desaparición del actual sistema de primas. De los distintos subsectores afectados, algunos ya han sacado sus conclusiones y otros aún continuaban ayer haciendo números.
El más castigado en volumen y porque es el único en que una parte importante de su potencia instalada se queda sin incentivo (o retribución específica, como se llama ahora) es el eólico. Con 23 estándares y un 37% de su capacidad que tendrá que ir al mercado al quedarse sin incentivo, (8.400 MW), en este sector calculan que el recorte global que asestará el nuevo mecanismo a todo el régimen especial asciende a 2.100 millones de euros, no los 1.750 millones que estima el Ministerio de Industria.
De aquella cantidad, 1.200 millones corresponderían a la eólica, según datos de este sector en el que destacan grandes compañías (dos tercios corresponden a Iberdrola, Acciona, EDP Renovables y Enel Green Power). La más castigada por los inversores ha sido Acciona, la única que no está verticalmente integrada y que ayer volvió a derrumbarse en Bolsa: un 4,29%, hasta 49,01 euros por acción. Además, la compañía de los Entrecanales tiene una cartera importante de minihidráulica, otra de las energías afectadas. Iberdrola, la primera con 5.000 MW, no sufrió ningún castigo, al subir un 0,38%, al tener más diversificado su negocio.
Fuentes empresariales se mostraban ayer convencidas de que el Gobierno “no ha medido las consecuencias de su medida y piensa que el impacto será menor de lo que será en realidad”.
La fotovoltaica no era más optimista. En este sector, los recortes son muy irregulares y van desde el 10% al 54%, según las plantas. La asociación Unef calcula un impacto total de 550 millones de euros, con un recorte medio del 25%. En su opinión, las que sufran recortes de más del 40% están “abocadas al cierre salvo que los bancos acepten una quita”. En esta situación se encuentran las instalaciones más modernas, las que más ganan, pero, en general es un ajuste “muy asimétirco, heterogéneo y con poca lógica”, señalan. El nuevo sistema castiga a las grandes y considera miembros de una agrupación a los pequeños que compraron participaciones en instalaciones grandes.
La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) denunció ayer “el ensañamiento” del actual Gobierno con las renovables . En su opinión, los nuevos estándares retributivos “materializan el durísimo recorte que se aplica a las distintas tecnologías”. APPA también sostiene que los recortes superarán los 2.000 millones de euros. Esta asociación se lamenta de que el Gobierno “siga sin acometer una reforma del mercado eléctrico, cuya falta de competencia ha sido denunciada por la Comisión Europea y el regulador energético”.
Por su parte, la asociación que agrupa a los más pequeños, Anpier, con 4.700 socios, ha anunciado la convocatoria urgente de una asamblea para el 22 de febrero. Según Anpier los nuevos estándares suponen recortes añadidos de hasta el 40% de los ingresos. Algo que “nos avoca a esferzos extraordinarios que en muchos casos no podrán ser asumidos por los pequeños productores”, según su presidente Miguel Ángel Martínez Aroca.
El recorte se une a la obligación de estas empresas de devolver las primas cobradas de más desde julio del año pasado hasta que se aplique el nuevo sistema probablemente a medidados de marzo, respecto al nuevo mecanismo. Las reliquidaciones alcanzarían los 500 millones, según la orden de peajes.
Temor al cierre del 80% de la cogeneración
“Sería un milagro si sobrevive un 20% de la cogeneración con la nueva retribución”, aseguraban ayer fuentes empresariales. De momento, la asociación del sector, Acogen, seguía evaluando ayer el impacto que tendrán los 800 parámetros sobre casi un millar de instalaciones propiedad de la gran industria. En este caso, consideran que los costes de operación que se reconocen son insuficientes y sale negativa.
La que mantiene un absoluto silencio es la termosolar, las plantas de más reciente incorporación, a las que se atribuyen ventajas con el nuevo sistema. Algunas, incluso, recibirían más retribución que con el sistema de primas. Se trata de 50 plantas para las que se han definido 23 estándares, “casi a la carta”, como critican los competidores de otros subsectores renovables.
Afectados desde todos los frentes se disponen a preparar sus alegaciones ante la CNMC (para ello disponen de 20 días) y, de no surtir efecto, como es de esperar, para recurrir tanto la orden ministerial con los parámetros retributivos como el real decreto sobre renovables que aún no ha pasado por el Consejo de Ministros.
Empresas y asociaciones denuncian que la medida es claramente retroactiva, al tener en cuenta “la rentabilidad razonable” del 7,5% toda la vida regulatoria de las plantas. Esto ha propiciado que un 37% de la potencia eólica se quede sin incentivo, al haber recibido ya dicha rentabilidad.