La tarde de ayer estuvo llena de sinsabores para los responsables de las empresas del sector energético. Los directivos de las grandes eléctricas nacionales (Endesa, EDP España, E.ON España, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) y los de las grandes potencias de renovables (Abengoa, Acciona y ACS) fueron convocados por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a una reunión en la que el portavoz del Gobierno les avanzó lo que será aprobado previsiblemente hoy en el Consejo de Ministros en materia de regulación. Aunque Nadal no aportó datos muy detallados de lo que se les viene encima, los afectados coincidieron en concluir que la reforma que persigue dar fin al problemático déficit de tarifa fracasará, ya que el Ministerio de Hacienda no ha dado su brazo a torcer y no aceptará incluir entre las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el desfase previsto para la conclusión de este ejercicio (de alrededor de 2000 millones de euros).
Es más, según fuentes empresariales, en el encuentro de ayer se adelantó que ni siquiera los PGE de 2014 asumirán la partida que les corresponde por ley correspondiente a los extracostes de los sistemas eléctricos de las islas y que asciende a 1800 millones de euros. En este sentido, parece que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estaría dispuesto a aceptar que las cuentas públicas sufraguen, como mucho, unos 900 millones de euros.
A partir de este planteamiento, se prevé que el tijeretazo a las actividades reguladas será mucho mayor de lo esperado y que podría traducirse en un recorte a la distribución de hasta el 20 %. Asimismo, dado que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha dejado claro en varias ocasiones que los cambios normativos se llevarán a cabo mediante el respeto a la rentabilidad razonable de los activos, ha decidido mantener una tasa de retorno de la inversión del 7,5 % para las energías del régimen especial y del 6,6 % para el resto de las infraestructuras tradicionales, una diferencia entre ellas de 100 puntos básicos que no se justifica, según las grandes eléctricas. Una «clara discriminación», señalan, que responde también a la decisión de Hacienda de que el recorte sea menor para las energías verdes.
Nuevo sistema de retribución para el régimen especial
Por su parte, los empresarios de las grandes compañías del sector renovable español interpretan de manera muy distinta esta decisión del Ejecutivo que les fue comunicada ayer como deferencia «para que no se enteraran por la prensa», según fuentes empresariales. Cabe apuntar que al conocer la convocatoria en el Minetur, los miembros de varias patronales afectadas por la nueva regulación, como la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa), la Unión Española Fotovoltaica (Unef), la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) y la Asociación de consumidores Facua, trasladaron su profundo malestar por no haber sido citados.
Desde la óptica de las empresas de la industria de las energías “limpias”, lo que Nadal les explicó ayer supone «cambio radical del sistema de primas», ya que el Gobierno ha planteado un sistema de retribución fija a la inversión por megavatio instalado y no a la producción, de tal manera que se pagará una tasa de rentabilidad del 7,5 % a contar desde que la instalación fue montada, por lo que si han recibido una rentabilidad superior hasta ahora se podría dar la paradoja de que los titulares de las plantas deban dinero al sistema.
Los cálculos realizados por Acciona, Abengoa y ACS elevan a 1500 millones de euros el recorte que supondrá esta medida, una cifra similar para las eléctricas tradicionales y para Red Eléctrica de España.
Cierre o hibernación de los ciclos combinados
Otro de los puntos de las modificaciones normativas que serán desveladas seguramente a lo largo de esta misma mañana en el Consejo de Ministros afecta a los ciclos combinados. Así, la reforma incluye la posibilidad de que se cierren o hibernen estas centrales que actualmente y como consecuencia de la intensa caída de la demanda registrada por la crisis económica apenas funcionan al 10 % de su capacidad. Pero se desconoce en qué consistirá la compensación por esta decisión, ni cómo se resolverá el papel de respaldo que tienen las centrales de gas natural para el amplio parque de renovables. Estos aspectos no fueron desvelados por Nadal.
El nuevo paquete reformista
Como ya han anunciado en distintas ocasiones los responsables del Minetur, la nueva reforma energética incluirá un real decreto-ley de estabilidad financiera del sistema eléctrico, un proyecto de ley de reforma de la ley eléctrica y ocho reales decretos —sobre distribución, transporte, autoconsumo, régimen especial, interrumpibilidad, extrapeninsulares, pagos por capacidad e hibernación de los ciclos combinados—, que se remitirán el lunes a la Comisión Nacional de Energía (CNE) sin siquiera haber pasado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Esta debía haberse reunido ayer, pero el encuentro fue cancelado.
Así, las nuevas medidas regulatorias serán aprobadas directamente por el Consejo de Ministros de hoy, después de que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, diese la orden la semana pasada de que la polémica reforma no se aplazará más allá de hoy.
Esta presión por sacar adelante la reforma quizá haya jugado en contra de la intención de Soria de lograr un acuerdo con Montoro para que Hacienda asumiera una cuantía mayor de los costes eléctricos de la que finalmente sufragará en los PGE. Sin más tiempo de negociación, no ha sido posible reconducir el asunto y la balanza en esta batalla se ha decantado del lado de Hacienda.
Así las cosas, se queda un escenario de mayores recortes para las actividades reguladas y resultará inevitable que se den fuertes subidas de tarifa eléctrica que subsanan los consumidores, ya que el objetivo de la reforma es el de acabar con el déficit de tarifa.