Las eléctricas consideran que los esfuerzos del Ministerio de Industria por dejar a cero el desequilibrio entre los costes e ingresos del sistema -el conocido como déficit de tarifa- tampoco lograrán su objetivo este año. Así se lo han hecho saber a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en las alegaciones formuladas por la patronal Unesa a la orden de peajes de 2014, el documento que funciona como columna vertebral del sistema al fijar las retribuciones reguladas y hacer una previsión de sus ingresos.
Las alegaciones, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, apuntan al «alto riesgo» de que en este ejercicio Hacienda suspenda de nuevo la aportación de los fondos públicos comprometidos con el sistema en la última reforma del sector. Las empresas justifican su miedo en «la experiencia de años pasados», donde la transferencia de fondos ha sido menor a la prevista o ésta se ha hecho con «mucho retraso». De producirse un nuevo desplante se generaría, inciden, «un déficit significativo para el año 2014».
Las compañías aluden a la retirada de los fondos comprometidos con el sistema en 2013, ejecutada mediante una enmienda de última hora en el Senado a la Ley del Sector Eléctrico. Esta suspensión, justificada en el compromiso firmado con Bruselas de cumplir el objetivo de déficit público del país, afloró un nuevo agujero en el sector de 3.600 millones de euros.
La gran partida que deberá ser asumida por Hacienda este año se refiere a la financiación de un 50% de los costes extrapeninsulares, que asciende a cerca de 900 millones de euros. Asimismo, el ministerio dirigido por Cristóbal Montoro se encarga de la recaudación de los impuestos al consumo de gas y a la generación eléctrica, cuya previsión inicial ronda los 2.900 millones y que, según la actual normativa, deberán ser traspasados en su totalidad al sistema eléctrico. El año pasado Hacienda se quedó con parte de estos tributos para financiar a las autonomías.
Como medida de blindaje, Unesa pide que la aportación de estos fondos «se haga con la suficiente prontitud» para evitar que una sorpresa de última hora les cargue en sus balances «déficit no previstos y cargas que puedan perjudicar injustificadamente su posición financiera».