El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha conseguido unir a eléctricas y renovables en un frente común contra la reforma energética. Atrás quedan el todos contra todos para ahora unirse y entonar prácticamente al unísono que el Gobierno no ha calibrado bien las consecuencias que pueden tener los recortes aplicados desde 2012, por más de 10.000 millones, para corregir el déficit de tarifa.
De un lado y de otro, las compañías e inversores están dispuestos a llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias y han anunciado una batalla legal para defender sus intereses y los de sus accionistas. Reclamaciones patrimoniales, recursos de comunidades autónomas, arbitrajes internacionales… La artillería legal tan sólo está a la espera de las liquidaciones definitivas de los últimos ejercicios (que realiza la CNMC) para poder acudir en estampida a los tribunales.
Las eléctricas ya han recurrido las últimas órdenes de tarifa, como la de agosto donde se contemplaba que no habría déficit. Las previsiones finalmente fallaron por el incumplimiento por parte del Ejecutivo a la hora de dotar al sector eléctrico de recursos públicos.
Entre las medidas que llevarán a los tribunales destacan el fuerte recorte aplicado a la retribución de la distribución por más de 1.500 millones y la retirada de primas para los parques eólicos más antiguos y que afecta de lleno a Iberdrola, Acciona, Gas Natural, Enel y EDP.
El Ministerio de Industria se enfrenta a cara de perro con potentes equipos jurídicos de las empresas y, a sabiendas de que la batalla judicial está perdida, ha impulsado la mayor parte de los recortes mediante reales decretos leyes para evitar que las compañías pudieran recurrir de forma inmediata.
Cinco causas abiertas
No ocurre lo mismo con los fondos internacionales, que se han acogido a los protocolos internacionales de protección de inversiones para acudir ante el Ciadi, el mismo tribunal en el que Repsol ha abierto una causa contra Argentina por expropiación de YPF. Y es que los afectados por los recortes no han dudado a la hora de comparar las actuaciones de la Casa Rosada con las medidas que ha emprendido José Manuel Soria.
Así, España ya tiene cinco causas abiertas en el Ciadi por parte de Abu Dabi (Masdar Solar), Reino Unido (Eiser y los fondos contra los recortes a la fotovoltaica) y Alemania (RREEF y Antin) y próximamente llegará el turno para Mitsui y Mitsubishi.
Para mostrar este malestar, seis patronales de renovables se unieron para denunciar la «campaña del Gobierno para provocar el fin del sector» y cifraron el recorte anunciado en 2.400 millones, como adelantó elEconomista, frente a los 1.700 millones previstos.
El director general de Unef, José Donoso, lamentó que la fotovoltaica va a perder entre 550 y 600 millones con los recortes. «No es un recorte homogéneo, son cantidades expropiatorias», apuntó. Donoso señaló que si no ha habido error en los datos que se han dado a conocer sobre la nueva retribución, el Gobierno «ha actuado con intencionalidad para que quiebren las plantas».
En este asunto también abundó Manuel García, presidente de Appa Biomasa, que alertó de la crítica situación en la que se quedarán las zonas rurales que viven de las explotaciones forestales o de la gestión de residuos, que sirven de combustible a la biomasa. «El Gobierno ha creado un grave problema social», advirtió, para a renglón seguido añadir que «la biomasa aspiraba a ser el motor del mundo rural. Ahora, agricultores, forestales, autónomos y trabajadores van a judicializar todo esto».
En concreto, la biomasa sufrirá un recorte del 39 por ciento en sus ingresos. Los nuevos estándares se limitan a separar esta tecnología por años y fija un coste medio que no tiene que ver con la realidad ni con las cifras del propio Gobierno en sus promociones de las renovables.
Tampoco tiene en cuenta que la biomasa tiene que utilizar combustible. Y es que las movilizaciones van más allá del sector eléctrico. La ganadería también se puede ver afectada, ya que la reforma aboca al cierre a las plantas de tratamiento de purines y pone en serio peligro las explotaciones de porcino españolas.
Según el asesor de Adap, Jorge Tinas, el Gobierno pone en grave riesgo la continuidad de más de 3.000 instalaciones de porcino que gestionan sus excendentes en las 29 plantas de tratamiento e implica la pérdida de más de 4.200 empleos directos e indirectos.
La cogeneración, asediada por los impuestos a la producción de electricidad e hidrocarburos, la eliminación de complementos y, ahora, la aparición del borrador de tipologías de retribución se ha visto abocada ya a parar 1800 MW en doce meses y considera que se puede incrementar. Este sector, junto a la eólica, ha sido uno de los grandes perjudicados.