Fuente: Cinco Días
Pese a los cambios regulatorios que el Gobierno aprobó en 2016 para poner coto a las llamadas comercializadoras eléctricas piratas, el problema persiste. La CNMC ha llegado a tramitar una treintena de procedimientos de inhabilitación por el incumplimiento de de la obligación de comprar la energía suficiente para atender a sus clientes; por la falta de garantías suficientes a la hora de comprarla o por el impago de los peajes de acceso.
De estos procedimientos, 21 han terminado en inhabilitación (véase el gráfico) y los demás han sido archivados. Se trata de pequeñas comercializadoras del mercado libre que adquirían en el mercado mayorista de la electricidad mucha menos energía de la que luego suministraban a sus clientes, por lo que solo pagaban (por adelantado) la que compraban en el pool. Sin embargo, la diferencia (o desvío) la adquirían en los mercados de ajuste de REE a un precio muy superior al del mercado diario, lo que implicaba garantías excepcionales que tampoco podían asumir.
Estas prácticas han derivado en una deuda de unos 100 millones de euros que ha asumido el resto de agentes que participa en el mercado eléctrico (comercializadoras, generadoras y grandes consumidores) en proporción al volumen de energía comerciada, mientras que las distribuidoras financian los impagos por peajes.
Según datos de la CNMC, del agujero de 100 millones de euros, 72 millones han sido sufragados por las cinco grandes eléctricas de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo): 52 millones por las liquidaciones del operador del sistema (OMIE) y 21 millones por los peajes.
Aunque el anterior Ministerio de Industria, ya redujo el plazo del procedimiento de investigación de un año a seis meses (se trata de un plazo garantista para permitir la defensa del supuesto defraudador), las eléctricas lo consideran “aún excesivo”, pues permite la acumulación de daños económicos.
En este sentido, han solicitado al Ministerio de Energía que agilice aún más el trámite y la suspensión cautelar de la actividad de las comercializadoras “desde que se detecten los primeros incumplimientos”. Asimismo, solicitan que las garantías exigidas sean los suficientemente elevadas que permitan cubrir los importes hasta que llegue, en su caso, la inhabilitación definitiva, así como una solución a la financiación que tienen que asumir el resto de agentes del sistema.
Vía penal
El fraude eléctrico se saldó el año pasado con la detención de 14 personas (a través de la Operación Ámbar). En este sentido, las afectadas estudian recurrir a la vía penal, ya que hasta el momento, en tanto no se determinen los delitos, la única penalización a las empresas fraudulentas ha sido la retirada de su licencia.
Según todas las pruebas, algunas de las empresas inhabilitadas volvían a pedir otra licencia con otro nombre distinto, “lo que les permite continuar con el fraude durante meses e incluso años”, señalan fuentes del sector. Las distribuidoras de Unesa mantienen también una reclamación judicial por los peajes impagados.
La CNMC, que investiga estas prácticas desde 2013, propuso en un informe que REE pudiera suspender provisionalmente a las comercializadoras que incumpliesen sus obligaciones y que en el plazo máximo de cinco días se traspasasen los clientes de la comercializadora fraudulente a la comercializadora de referencia de la zona.
Entre las eléctricas, que denuncian la dejación de funciones por parte del ministerio, una de las más afectadas es Iberdrola, pues parte del fraude se ha concentrado en Levante. Una zona donde tiene su mercado la comercializadora de referencia del grupo, a la que se han trasapasado los clientes (estos no se ven perjudicados económicamente).
MÁS GARANTÍAS PARA SUMINISTRAR
Una de las peticiones de las comercializadoras para evitar el fraude de las que suministran más energía de la que compran y la diferencia es prorrateada entre todos los agentes del mercado, es que se incremente el capital necesario para constituir una comercializadora: ahora, apenas 3.000 euros.
Las empresas, REE y la CNMC han puesto como ejemplo el modelo de Alemania, país en que existe un mecanismo automático por el que se retira la licencia en pocos días a las que cometen algún tipo de fraude.
Uno de los problemas que generan las prácticas fraudulentas es la desconfianza que genera en el consumidor un mercado en el que ya resulta difícil competir. Al no pagar la energía que venden, las eléctricas piratas pueden realizar ofertas más agresivas, lo que supone “un ataque a la libre competencia”, señalan en el sector.
Las empresas que están asumiendo un agujero que comenzó a generarse en 2013 no consideran que el problema esté resuelto. Aunque la Operación Ámbar por la que la Guardia Civil detuvo el año pasado a 14 personas, ha acotado en cierto modo el fraude, el peligro persiste. Además, las afectadas denuncian la negligencia de la Administración y exigen recuperar su dinero.