Las eléctricas españolas quieren conocer ya a qué se “enfrentarán” cuando el Gobierno publique por fin en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden Ministerial de peajes de acceso eléctrico, que por vez primera no se ha hecho pública el 1 de enero.
La demora no ha hecho sino inquietar aún más a los responsables de las “utilities” nacionales, que sospechan que se anunciará «en breve», según se rumorea en el sector, pero que saben que ni siquiera ha pasado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
Parece que se ha descartado que el texto vuelva a pasar por la Comisión Nacional de Energía (CNE), cuyos técnicos ya emitieron un dictamen muy crítico sobre el borrador de propuesta de orden que el equipo de José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, les remitió a mediados de diciembre del año pasado.
Entre las objeciones planteadas al documento cabe recordar que la propuesta de Industria incluía un desfase entre ingresos y costes de la tarifa de acceso de 5.717 millones, pero el texto señalaba que este déficit lo asumiría el Estado. Sin embargo, el Ejecutivo se desentendió de ello y no incluyó coste alguno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Si esta normativa no recibe la luz verde pertinente antes de que concluya enero, la CNE no podrá hacer las liquidaciones correspondientes a las empresas (distribuidoras, transportistas o las que cobran primas, entre otras), puesto que estaría ante la inexistencia de regulación alguna que reconozca los costes del sistema desde el 1 de enero. Por este motivo, las eléctricas confían en que la nueva orden de peajes de acceso se dé a conocer antes. En caso contrario, sería necesario algún tipo de resolución que sirviera para liberar las liquidaciones.
La aprobación de esta normativa es uno de los retos a los que se enfrenta el recién nombrado secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que ha heredado de su antecesor un texto que recoge un complicado sistema de peajes progresivos, que pretende cobrar más a los consumidores en función de su consumo y su potencia, y que no ha sido bien recibido ni por la CNE ni por las compañías afectadas.