Fuente: El Economista
El Gobierno ha cambiado de criterio y ya no quiere que las eléctricas conserven el acceso a la red de las centrales térmicas y nucleares que cierren si lo usan para conectar renovables y generar desarrollo regional y empleo; ahora prefiere otorgar esos accesos a quienes creen más empleo, sea quienes sea. El planteamiento trastoca los planes de las empresas, que cuentan con esas conexiones para invertir unos 10.000 millones de euros en plantas verdes, y se produce después de que el propio Gobierno criticara a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por plantear la subasta de los derechos de acceso en su reforma normativa.
Durante las últimas semanas, la responsable en funciones del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), Teresa Ribera, ha visitado Asturias, Castilla y León y Aragón, los territorios más afectados por el cierre de centrales de carbón autóctono y las minas que las alimentaban, para mantener las primeras reuniones sobre el reparto de las ayudas ligadas a la política de transición justa.
Uno de los anuncios de la ministra ha sido el incremento de los fondos públicos previstos, desde los 422 millones anunciados originalmente hasta los 600 millones, considerando futuros ejercicios presupuestarios. Otro, más difícil de convertir en un titular de prensa, ha sido que su Cartera trabaja en una norma para otorgar la capacidad de la red eléctrica de las centrales que cierren a los proyectos de renovables que más empleo generen, con independencia de quién los desarrolle, y liberar las concesiones de agua de las centrales para darles otros usos.
En palabras de Ribera durante una rueda de prensa, recogidas por EP, si la capacidad de red iba a «la primera empresa que llegaba», con «esa regla especial que queremos activar», será «para los proyectos que ofrezcan la mejor opción en empleo y en industria en la zona», al igual que «el agua utilizada para la refrigeración de la central, que puede ser empleada para otras cosas», o el suelo industrial «que puede ser empleado también para nuevos proyectos».
Lambán contra Endesa
Sólo en Aragón ha tenido cierta trascendencia la noticia, porque allí el presidente regional, Javier Lambán, presiona a Endesa para que incremente sus inversiones en los alrededores de la central turolense de Andorra, donde la compañía quiere destinar 800 millones para una enorme planta solar fotovoltaica de 1.000 MW, aprovechando la capacidad de la red que se libere con la clausura de la térmica.
Endesa confiaba en el borrador del Anteproyecto de Ley de transición energética y cambio climático, presentado por la propia Ribera en febrero: establece que los titulares de las centrales cuya fuente de energía sea fósil o termonuclear -sobre todo EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo- y las sustituyan por renovables, mantendrán el acceso a la red de las centrales sustituidas si firman un Convenio de transición justa con el Miteco para generar desarrollo territorial y empleo en los territorios afectados.
El proyecto normativo, decaído con la convocatoria de Elecciones Generales, incluso prevé un plazo de tres años para firmar el convenio antes de que REE pueda otorgar los derechos de acceso de las centrales clausuradas a otros proyectos.
El resto de propietarios de las centrales que cerrarán en los próximos años también cuentan con mantener su capacidad de red, aunque no lo han dicho tan abiertamente como Endesa; es clave para sus planes, porque las peticiones de acceso superan con mucho la capacidad: REE estudia 57.000 MW y ya ha rechazado unos 38.000 MW.
Frente a este monumental atasco, al retener los accesos de sus centrales, las eléctricas se garantizan 15.000 MW sólo hasta 2030 para instalar renovables, con una inversión asociada de unos 10.000 millones. A grandes rasgos, esa es la potencia que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé que cierre durante la próxima década.
«El Gobierno está consolidando los textos que forman parte del marco de Energía y Clima»
El Miteco, consultado por elEconomista sobre el asunto, confirma a este periódico su cambio de planteamiento: «El Gobierno está consolidando los textos que forman parte del Marco de Energía y Clima. Desde el primer momento, el objetivo ha sido garantizar una transición ecológica justa y solidara con los territorios afectados por cierres vinculados a este proceso; y facilitar la implantación de los proyectos con mayor potencial de creación de empleo en las zonas. Los activos de acceso y conexión y recurso hídrico son dos herramientas de esta transición justa».
Se da la circunstancia de que el propio Miteco ha reconvenido a la CNMC porque en su proyecto de Circular para regular el acceso y la conexión a la red defiende que deben subastarse los permisos de acceso y conexión de las plantas que cierren.
Concretamente, en el preceptivo Informe sobre la Circular, la Cartera de Ribera sostiene que el planteamiento del Regulador entra en conflicto con el Anteproyecto de Ley, y esta es una de las discrepancias por las que ha decidido convocar una Comisión de Cooperación entre ambas entidades para tratar de alcanzar un acuerdo.