Tras una larga batalla contra el impuesto sobre el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, muy especialmente por parte de la central de Garoña, las grandes eléctricas han resultado las ganadoras. El tributo, que entró en vigor este año, grava el combustible nuclear gastado (uranio y plutonio) y los residuos resultantes de la producción eléctrica de las centrales cuando las barras de combustible son extraídas definitivamente del reactor.
Por tanto, aunque entró en vigor el 1 de enero, estaría gravando los desechos atómicos generados anteriormente, desde la última recarga . Esta fue la razón por la que Nuclenor, propietaria de Garoña y controlada por Iberdrola y Endesa, decidió sacar las barras de combustible aún sin gastar a finales de diciembre con la intención de reintroducirlas una vez que entrase en vigor el impuesto, lo que suponía pagar solo por el combustible gastado a partir de la entrada en vigor del tributo y no el de antes.
Sin embargo, la letra de la ley dejaba claro que se pagaría por todo el metal pesado contenido en el combustible en el momento de la extracción definitiva (concretamente, 2.190 euros por cada kilogramo). Ello suponía que Garoña, parada desde finales del año pasado, solo se libraría de lo que las eléctricas consideraban una medida retroactiva en el caso de que no volviese a funcionar. Pero, de introducirse de nuevo las barras, pagaría por todo el combustible gastado desde la última recarga, hace más de dos años.
En abril, la orden ministerial que fijaba el modelo de pago trimestral a cuenta del impuesto redundaba en lo mismo (no podía ser menos pues era un reglamento de la ley), pero finalmente el Gobierno ha tirado la toalla. En una de las enmiendas introducidas por el Partido Popular a la nueva ley de fiscalidad medioambiental, que ayer fue aprobado en la Comisión de Hacienda del Congreso, el Ejecutivo ha optado por gravar solo el combustible gastado desde el 1 de enero. Así en la justificación del amplio cambio que introduce en la ley de diciembre por la que se crearon este y otros impuestos energético queda claro que, aunque el periodo impositivo será “el ciclo de operación” que media entre una recarga y otra, “para el primer periodo del primer ciclo de operación se considerará como fecha de inicio de cada reactor el 1 de enero de 2013”.
Esta medida no regirá cuando un reactor “no contuviese combustible nuclear en dicha fecha”, como es el caso de Garoña. Para esta planta el ciclo operativo a efectos impositivos se iniciará en el momento en que vuelva a funcionar y vierta energía en la red.
Pero, ¿cómo se mide la irradiación de las barras de los reactores antes y después del 1 de enero para el cálculo de la base imponible del impuesto?
Pues a través de un cálculo aritmético que el Gobierno incluye en una disposición transitoria, que consiste en multiplicar los kilos de metal pesado de los elementos extraidos del reactor por un coeficiente que tiene en cuenta los días transcurridos entre el 1 de enero y el fin del ciclo de operación. También en este caso Garoña se libra de esta fecha.
El impuesto nuclear se liquida cuando se extraen definitivamente las barras, pero las afectadas deben hacer cada año dos pagos a cuenta.
La ley de fiscalidad medioambiental fue remitida ayer al Senado tras una tramitación exprés de apenas una semana en el Congreso, que introducir 17 enmiendas del centenar de enmiendas presentadas por los grupos, políticos concretamente, las del Partido Popular.
Con los cambios aprobados, se reconoce, entre otros, una exención del 85% en el impuesto de la electricidad a varios sectores industriales;se modifican las sanciones a las embarcaciones que utilicen combustibles no permitidos; se precisan los cambios en las deducciones al impuesto de sociedades y se exime a los barcos utilizados para la enseñanza del pago del impuesto de matriculación.