Las compañías integradas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Eon España) no salen de su asombro: el superávit de tarifa de 16 millones de euros que figura en la orden de peajes de agosto (equivalente al cuadro macro de la tarifa eléctrica) se ha convertido por arte de magia en un agujero de entre 2.500 y 3.000 millones para este año. Esta es la cifra que, sin desvelar su procedencia, repite una y otra vez el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Según el consenso, esta desviación solo se explica por la negativa del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, a aportar buena parte del dinero comprometido dentro del marco de la reforma eléctrica, que Industria y Economía han vendido como un triunfo en los mercados financieros. Y si la explicación es esta, las eléctricas calculan que el déficit de este año no será el que el ministro canario repite, sino que superará con creces los 4.000 millones de euros.
Este importe, según el sector, resulta del incremento de las primas de las renovables en más de mil millones [desviación ya incluida en los peajes de agosto]; de la caída de los ingresos por el derrumbe de la demanda; de la menor recaudación por los impuestos energéticos y las subastas de CO2; de la negativa de Hacienda a aportar todos los sobrecostes extrapeninsulares (solo pagará la mitad) y el crédito extraordinario de 2.200 millones para el sistema que aprobó el jueves el Senado
Las eléctricas califican la situación de suma gravedad, pues, según el proyecto de la nueva Ley del Sector Eléctrico que el Gobierno remitió hace un par de semanas a las Cortes, el déficit que se produzca este año será financiado por los grupos eléctricos verticalmente integrados (ellas mismas), a 15 años y a precios de mercado (ahora el 2%) y sin que pueda titulizarse.
Esta medida había encendido todas las alarmas entre las empresas, que con toda la artillería dispuesta para presionar al Gobierno (ya lo han hecho en Bruselas), han visto cómo este ha reculado a la primera. El ministro de Industria se desdijo de sus recientes declaraciones el viernes, al asegurar tras el Consejo de Ministros, que el déficit de este año se podrá titulizar. Para ello se extenderá a este año el fondo para la emisión de la deuda eléctrica con el aval del Estado (FADE) y las eléctricas no tendrán que soportarlo en sus balances. De nuevo, asombradas, aunque en este caso para bien, las empresas le han tomado la palabra.
El Gobierno enmienda un texto legal que hace apenas unos días había remitido al Parlamento. La Ley Eléctrica de 1997 aún en vigor establece que los “desajustes temporales” de la tarifa serán financiados por las cinco grandes y los recuperarán en el ejercicio siguiente con subidas del recibo. De tratarse de déficit reconocidos ex ante, y solo hasta 2012, se podían colocar a través del FADE.
La nueva ley en trámite fija partir de 2014 un sistema de autorregulación de los déficit que se produzcan (si supera el 2% de los ingresos previstos, subirán automáticamente los peajes), que serán financiados por todas las empresas reguladas (incluidas, por tanto, las renovables).