FUENTE: Cinco Días
Las grandes eléctricas, a través de su patronal, Unesa, denunciaron recientemente ante la Audiencia Nacional la decisión del Ministerio de Industria de que las distribuidoras eléctricas (grandes y pequeñas) cedan los datos de los 28 millones de consumidores domésticos a Red Eléctrica. En la resolución de junio sobre el protocolo de funcionamiento del nuevo sistema de precios por horas, que arrancó en septiembre, se establece que dichas distribuidoras deben enviar al operador del sistema las curvas horarias individualizadas de cada usuario. Concretamente, deben remitir a REE los datos que capturan en cada contador (24 medidas horarias por día), cuando hasta ahora solo debían remitirle la curva de carga agregada de todos ellos.
Como entre los argumentos utilizados por las denunciantes, y también por la CNMC en su informe sobre la medida, es que la norma en la que se incluye no tiene el suficiente rango legal, el Ministerio de Industria, lejos de atender la reclamación de las empresas, ha decidido incluirla en el proyecto de real decreto por el que se modifican distintas disposiciones del sector eléctrico (en su artículo 6) para dotarla de dicho rango. Este real decreto escoba se tramita desde principios de este año y está a punto de ser aprobado por el Consejo de Ministros.
Para las distribuidoras se trata de una redundancia o duplicidad que supondrá un sobrecoste para el sistema, pues “el envío electrónico de tantos millones de datos es carísimo, una locura”, aseguran fuentes del sector. En estos momentos, los datos almacenados por las distribuidoras, que son las responsables de la lecturas de los contadores, están a disposición de las comercializadoras (que contratan el suministro con los usuarios) de forma gratuita.
Dos son las interpretaciones que hacen en el sector sobre esta supuesta prebenda a REE: por un lado, un mayor poder para la compañía que preside José Folgado (que podría arrebatar a medio plazo a las distribuidoras su potestad de lectura de los contadores) y, por otro, más ingresos para la empresa pública participada por la SEPI. Ingresos que procederían, según las mismas fuentes, o de una nueva retribución por los costes de gestionar dichas curvas de carga o del posible cobro a las comercializadoras independientes por el uso de estos datos. En estos momentos, el cobro no está regulado.
La CNMC fue muy crítica en su día con los cambios propuestos por el ministerio en el modelo de intercambio de información, “que requerirán un cambio sustancial del marco regulatorio”. El operador del sistema es el responsable del concentrador principal de medida (es el servidor de datos de los contadores de alta tensión), mientras que las distribuidoras lo son de los llamados concentradores secundarios y leen sus propios puntos de medida.
El organismo regulador considera que en estos momentos “no se justifica la necesidad de duplicar los servidores de datos”, pues “no aporta ninguna ventaja técnica ni económica, sino una mayor complejidad” y supondría un coste añadido “que se repercutiría directamente en los costes del sistema”.
Los ingresos del transportista no bajarán
La nueva metodología de cálculo de la retribución de las instalaciones de distribución y transporte se aplicará con toda seguridad a partir de 2016. Una vez que la CNMC haya aprobado los informes correspondientes sobre los valores unitarios de referencia para calcular la retribución de ambas actividades, todo apunta a que Industria los aprobará en breve. De esta manera, los ingresos de la distribución y el transporte se calcularán con el nuevo sistema en la orden de peajes que entrará en vigor en enero.
Aunque fueron consideradas dos de las medidas estrella de la ambiciosa reforma eléctrica aprobada en el verano de 2013, su aplicación llega in extremis al final de la legislatura.
Tras el retraso se esconde la oposición de REE a aceptar los cálculos que hace un año elaboró la CNMC y que le suponían un recorte de los ingresos de unos 200 millones de euros. La compañía salvó así el año 2015 y ahora ha conseguido que los valores unitarios aprobados le permitan mantener su nivel de ingresos. Según el informe preceptivo de la CNMC, que dijo no compartir algunas de las disposiciones de la propuesta (aunque no dio otras opciones), frente a unos ingresos de 1.700 millones de euros este año, REE apenas perderá en 2016 unos 30 millones, hasta 1.672 millones.
El problema de la compañía es que sus activos anteriores a 1998 no se retribuían individualmente, sino a través de una bolsa agregada. Con un grado de amortización elevado, REE pidió el alargamiento de su vida de 40 a 50 años. De esta manera, se ha aprobado un aplazamiento de la vida residual de esos activos en 17,8 años. Así, la retribución por inversión y mantenimiento y operación pasa del 54% y el 46% a, respectivamente, al 60% y el 40%.