Las compañías eléctricas creen que el mercado pide una liberalización total de la fijación del precio de la parte de la tarifa de la luz no regulada (es decir, excepto los peajes e impuestos) y está preparado para ello. Aunque prefieren guardar silencio hasta conocer con detalle el texto del borrador enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el cambio del sistema de subasta, fuentes del sector han reconocido que ese paso es el más lógico y que debiera darse en dos o tres años como mucho.
Según las fuentes, que han mostrado malestar por no haberse tenido en cuenta sus postulados para la reforma, el proceso puede desarrollarse con plena seguridad y protegiendo los intereses de los consumidores, de manera que al millón y medio de hogares que tienen bono social (los más vulnerables) no les afectaría. A su juicio, los datos disponibles (porcentaje y precio de los clientes en el mercado libre, tasa de cambio de suministrador…) señalan que el mercado eléctrico español está preparado para estar totalmente liberalizado.
Fuentes de la compañía Endesa, por ejemplo, han subrayado que ya habían advertido sobre los riesgos de aplicar este sistema para la determinación de una parte muy importante de la tarifa eléctrica (en torno al 42%). No obstante, para Endesa, “el asunto en la actualidad no consiste en limitarse a hacer modificaciones meramente técnicas en el funcionamiento de esa subasta”.
Según las fuentes consultadas del sector “existe un amplio consenso acerca de que esta tarifa es un importante obstáculo para conseguir algo que todos los agentes del sistema dicen que se debe conseguir: la completa liberalización del mercado eléctrico español con plazos razonables y conocidos y en consonancia con la legislación europea”. Por ello, los cambios deben ir más allá “de una mera corrección técnica o cambio de plazos en la subasta”.
En medios de las empresas eléctricas han subrayado, además, que resulta muy difícil cuantificar lo que se ahorran los consumidores con el nuevo sistema. La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa a más del 90% del sector, se queja de que no se les haya convocado a reuniones.
Para la organización de consumidores OCU, la medida “no soluciona la falta de transparencia del precio mayorista que hace que las tecnologías reciban el precio de la más cara y no el coste real de producir la energía”. En parecidos términos se expresa Facua-Consumidores en Acción, que se muestra “escéptica” y asegura que “tomar como referencia el precio del mercado no es la solución al problema”. El coordinador federal de IU, Cayo Lara, aseguró que “le da igual” el sistema que se elija para fijar el precio de la luz y defendió que éste “no puede subir por encima de la inflación y empobrezca cada vez más a los ciudadanos de este país”.