Fuente: El Economista
Las eléctricas avisan de que el recorte retributivo de 1.260 millones de euros que el Ministerio para la Transición Ecológica quiere aplicar a la retribución de las redes de transporte y distribución hasta 2023 sería ilegal, porque le compete a la CNMC, y porque vulneraría la normativa europea.
La Asociación de las Empresas de Electricidad (Aeléc), la antigua Unesa, patronal de las cinco grandes compañías del sector -EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo- ha presentado sus alegaciones al Anteproyecto de ley por el que se fija para el período regulatorio 2020-2025 la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y de producción en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional y por el que se establece la rentabilidad razonable de las actividades de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo específico.
La propuesta normativa contempla la actualización de la retribución de las actividades reguladas del sistema eléctrico -básicamente, las redes, las renovables y la generación convencional en las islas- y contempla una reducción de la tasa financiera del 6,5% actual hasta el 5,58%, excepto para las fuentes verdes, a las que plantea bajar del actual 7,39% al 7,09%.
En el caso de las redes, implica que las grandes empresas, junto a REE, experimentarán una reducción escalonada de ingresos de 1.260 millones entre 2020 y 2023. Los cálculos para alcanzar esos porcentajes los realizó en su momento la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio los asumió tal cual.
Ahora bien, como señala Aeléc, la propuesta de la Cartera dirigida por Teresa Ribera se planteó en diciembre, antes de que se promulgara el Real Decreto-ley 1/2019, que traspasó numerosas competencias energéticas desde el Gobierno hasta la CNMC, de modo que el texto del Anteproyecto «debe ser revisado y sometido nuevamente a trámite de audiencia», según rezan sus alegaciones, a las que ha tenido acceso elEconomista, ya que es «incompatible con la legislación vigente desde el día 13 de enero», fecha de entrada en vigor del citado RDL.
El propio Ministerio reconoce en su página web la necesidad de adaptar el texto de su propuesta a la legislación ahora en vigor, pero el período de audiencia pública concluyó el pasado 1 de febrero y no se conocen las modificaciones. Y esto es necesario porque, de acuerdo con Aeléc, el borrador otorga al Gobierno la potestad para establecer un posible límite máximo a las tasas de retribución financiera aplicables a las actividades reguladas, referenciado al rendimiento de las Obligaciones del Estado a 10 años.
En consecuencia, Aeléc indica que, «si la competencia reguladora otorgada a la CNMC está sometida a la facultad de otra autoridad u órgano político, en este caso las Cortes Generales, de fijar un límite máximo a la misma, entonces la CNMC no estará actuando de forma autónoma e independiente a la hora de fijar la tasa de retribución financiera, en los términos requeridos por la Directiva 2009/72/CE».
El Ministerio, preguntado por elEconomista, únicamente indica que está estudiando las alegaciones y valorando si es necesario volver a someter al Anteproyecto a información pública.
Retribución insuficiente
La patronal de las grandes eléctricas también considera que la tasa planteada no ha tenido en cuenta elementos previstos en la legislación, como la situación de la economía española, todavía en un ciclo expansivo, con crecimientos del orden del 2,5%; ni el coste de financiación de las empresas comparables en España y en la UE, que los analistas sitúan en el entorno del 7% nominal antes de impuestos; ni la necesidad de inversión para cubrir la demanda prevista durante los próximos años, puesto que REE estima una media del 1,2% anual hasta 2025.
Aeléc recuerda que las necesidades de modernización y digitalización de las infraestructuras de red se calculan en una horquilla de 24.000 a 34.000 millones hasta 2030, que se incrementan hasta los 46.000 millones si se consideran otras actuaciones financiadas por terceros y no contempladas en el sistema retributivo actual, basado en el valor de las activos. En consecuencia, el valor de la tasa «es claramente insuficiente para garantizar las inversiones necesarias para la transición energética».
Parámetros discrecionales
Aeléc critica las hipótesis adoptadas por la CNMC a la hora de calcular la tasa, al considerar que su metodología adolece de falta de homogeneidad y de que no pondera adecuadamente ciertos elementos. Por ejemplo, señala que en otros casos, como el de la telefonía, el Regulador ha tenido en cuenta el efecto de las compras excepcionales de activos acometidas por el Banco Central Europeo, o que a la hora de calcular el coste de la deuda no ha valorado el riesgo país.
Y alerta de que si no se tienen en cuenta los elementos que señala en sus alegaciones, «la discrecionalidad en el cálculo de los parámetros introducirá incertidumbre en el proceso de cálculo, impidiendo replicar el mismo, lo que conducirá inexorablemente a la falta de previsibilidad por parte de los agentes y, en definitiva, a la invalidez de la metodología propuesta».