Las comercializadoras de referencia de las cinco grandes eléctricas que son las que suministran a los domésticos con el llamado precio voluntario al pequeño consumidor o PVPC (antigua TUR) dispondrán de tan solo un mes, el de abril, para adaptar sus sistemas y realizar así las facturaciones con el nuevo mecanismo de precios máximos de la energía que sustituirá al de la extinta subasta Cesur.
En el día de ayer, las empresas se dedicaron a analizar la propuesta de real decreto por el que se fija la metodología de cálculo de los PVPC, que el Ministerio de Industria remitió el lunes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de cuyo contenido, aseguran, no tenían ni la más mínima idea. La propuesta establece que el coste de producción de la energía eléctrica se determinará según los precios diarios e intradiarios del mercado mayorista (pool) o precios spot de OMIP.
Así, mientras el sistema anterior fijaba los precios a priori para un trimestre (en las citadas subastas), lo que implicaba una prima de riesgo, el que lo sustituye es una especie de mecanismo online, pues el usuario pagará el precio del mercado durante el periodo de facturación. En el caso de los consumidores que cuenten con equipos de telemedida o telegestión, la facturación se le hará por lo consumido cada hora con el precio horario correspondiente. Al resto, frente a la idea que transmitida el lunes por Industria, no se les atribuirá el precio medio diario, sino un perfil medio de consumo que le asignará REE.
Fuentes empresariales calificaban ayer el nuevo sistema como “una bomba de relojería”. Nada comparable al cambio de la facturación de bimestral a mensual decidida por el exministro de Industria, Miguel Sebastián, que ya en su día resultó caótico. Más que los costes de adaptación de los sistemas informáticos, que se estiman muy elevados, para las eléctricas el problema está en realizar las facturas de casi 17 millones de consumidores acogidos al PVPC.
Clara discriminación
La casuística es infinita: además de los 1.440 precios que se aplicarán a un solo usuario por su consumo de dos meses (24 horas al día, multiplicadas por 60 días o 30 para aquellos que hayan pactado la factura mensual), están los periodos de facturación que para cada usuarios empieza y termina en días diferentes. Por otra parte, el precio a cobrar en cada caso dependerá de la potencia que tenga contratada cada uno. En definitiva, “no habrá dos facturas iguales”, tal como subrayan en una compañía.
Una de las afectadas advierte que entre los consumidores a los que se cobre por horas y los que, al carecer de contador digital, se les apliquen los patrones de consumo de REE, habrá una clara discriminación. El sistema “no es neutro”, aseguran, pues a unos y otros usuarios se les factura de distinta manera.
Aunque el Gobierno considera que el modelo en ciernes es más transparente, más barato (pues elimina la cobertura de riesgo de la Cesur, que ha costado a los usuarios 1.160 millones desde 2010) y más eficiente, lo cierto es que el consumidor difícilmente va a saber nunca el precio que paga ni si la factura es correcta.
La CNMC deberá habilitar en su página web una herramienta para que el usuario pueda comprobar si se le ha hecho bien la factura. Para ello, los que cuentan con un contador digital deberán bajar del mismo una curva de consumo en las citadas 1.440 horas para cotejarlas con los precios horarios que ofrecerá la CNMC. En definitiva, un sistema con más inconvenientes que ventajas para empresas y ciudadanos.
Una tarifa plana ‘deseal’
La propuesta de real decreto que fija la metodología para calcular los precios voluntarios al pequeño consumidor (PVPC) obliga a las comercializadoras de referencia a ofrecer una tarifa plana anual para los consumidores que deseen recibir una tarifa fija. Se trata de un precio libre, que será más caro que el PVPC pues incluirá la cobertura de riesgo que pagarán las empresas por ofrecerlo en un año, y que, según el texto legal, será “pública, transparente y comparable”. Romper el contrato antes de que termine el año supondrá una penalización para el cliente
La medida causó estupor entre las comercializadoras del mercado libre, pues supone que las que actúan en el mercado regulado entran en su segmento ofreciendo precios fijos libres. Se da la circunstancia además de que los grupos eléctricos con comercializadoras de referencia también tienen filiales en el mercado liberalizado.
En opinión de un analista, “si ya era difícil que las comercializadoras independientes pudiesen competir, a partir de ahora, con una norma como esta, será del todo imposible”.
El nuevo sistema de precios tendrá otro efecto pernicioso para muchas de las independientes, concretamente, para las que mantienen con sus clientes contratos referenciados a la TUR. Sin la infraestructura de las grandes eléctricas, se podrían ver obligadas a aplicar un sistema hipercomplejo de facturación pues así se lo exigirían sus contratos.
Hay quien considera que, políticamente, el Gobierno sale ganando, pues desaparecen las revisiones periódicas de la luz (ahora trimestrales)con las que los ciudadanos se enteraban de las subidas. Y aunque las cotizaciones del pool son públicas, comprobar lo que cada uno paga será labor de titanes.
Un polémico mecanismo
Plazos ajustados
El nuevo mecanismo de precios eléctricos entrará en vigor el 1 de abril. Las comercializadoras tendrán un mes para adaptar sus sistemas, de lo contrario, serán sancionadas. Un plazo crítico si se tiene en cuenta que en ese mes deberán regularizar el precio intervenido por el Gobierno el 1 de enero con el precio medio del pool del primer trimestre que, por el momento, es inferior a aquel. También tendrán que refacturar a los que el nuevo sistema les pille en la mitad de su periodo de facturación.
La nueva factura
Los precios voluntarios al pequeño consumidor (PVPC)incluirán los siguientes conceptos: la facturación con lectura real de los costes de la energía, según la nueva metodología;los peajes de acceso (que se revisarán una vez al año) y el margen de comercialización (4 euros kWh). Los PVPC se determinará a partir de los peajes de acceso (tres tarifas para los domésticos) y estarán compuestos de un término de potencia (el fijo) y un término de energía.
Oferta anual
Las comercializadoras de referencia deberán ofrecer un precio cerrado anual a los consumidores que prefieran tener una tarifa plana aunque paguen más. Cada una de las empresas deberá mantener una sola oferta vigente; esta debe recoger importes finales antes y después de impuestosy no debe incluir ningún otro producto o servicio, sea energético o no. Las ofertas deben ser comunicadas a la CNMC y pueden incluir penalizaciones si el consumidor rescinde el contrato de manera anticipada.
Beneficiarios
El real decreto distingue ya entre el PVPC y la TUR, que se mantiene solo para los consumidores que se consideren vulnerables. Este perfil está aún por regular. Además de los suministros con menos de 10 kW de potencia, tendrán derecho al PVPC quienes teniendo una potencia superior, no logren suministrador libre. Se les penalizará con un 20%.