Fuente: Cinco Días
Hace poco más de una semana, la CNMC lanzó una consulta pública sobre su propuesta de metodología para calcular la tasa de retribución para aplicar el valor de las redes de distribución y transporte eléctrico y la de las energías renovables a partir de 2020 y determinar así la rentabilidad de dichos activos. Los afectados e interesados tienen de plazo hasta el 15 de septiembre para trasladar su opinión al respecto al organismo.
Por de pronto, empresas consultadas han mostrado su satisfacción por el simple hecho de que se (“un respeto al procedimiento”, aseguran) haya permitido a la CNMC elaborar una propuesta y que esta pueda ser debatida a través de una audiencia pública. Y, muy especialmente, porque esta proponga fijar la rentabilidad del sector mediante el coste medio ponderaro del capital (WACC) y no como hasta ahora en que se toma como referencia el bono a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos.
De la aplicación de la nueva metodología resulta un descenso de la tasa de rentabilidad del actual 6,5% al 5,09%. Un porcentaje a medio camino entre la remuneración que reciben estos activos desde la reforma eléctrica de 2013, cuando se implantó el sistema y la que resultaría a partir de 2020 si el Gobierno, tal como planteaba el exministro de Energía, Álvaro Nadal, no lo modifica. Dado el descenso del bono desde aquella fecha, y si el diferencial se mantuviese inamovible, la rentabilidad caería, en este caso, al 4,6%.
Sin embargo, más allá de se trate de “un criterio más razonable”, del que se deriva “una rentabilidad más adecuada”, que “se aproxima más a la realidad que el bono” y, por tanto, “minimiza la incertidumbre regulatoria”, las grandes distribuidoras y REE también manifiestan sus diferencias.
Más allá de que el organismo haya aceptado la metodología basada en el WACC (que ellas mismas habían pedido adjuntando un informa de Deloitte), consideran que el 5,47% es insuficiente (aspiran al 7%) y confían en que en el proceso de audiencia, el supervisor acepte sus sugerencias. Estas quedaron claras en el comunicado que Unesa lanzó el mismo día en que se conoció la propuesta. Según la patronal, la rentabilidad propuesta para las redes es inferior a la vigente en Europa, que, aunque aplican el WACC los parámetros están más ajustados. “Una definición inadecuada de los parámetros que la componen puede dar lugar a un resultado que no refleja la realidad de los mercado”, indicaba Unesa. Esta pide que el diferencial llegue a los 500 puntos básicos.
En el caso de las renovables, el coste de capital es más difícil de calcular pues existen unas 2.000 empresas, la mayoría pequeñas, por lo que serán necesario utilizar parámetros. La tasa de retribución financiera que resulta de la metodología propuesta, se situaría para estas instalaciones entre el 7,04% y el 7,1%, que incorpora un diferencial por riesgos adicionales de 50 puntos básicos para el periodo 2020-2025.
Mal agüero
La revisión de la tasa de retribución de los activos regulados (redes) y de las energías renovables a partir de 2020 ha sido una espada de Damocles para las empresas que, periódicamente, han visto derrumbarse sus cotizaciones ante informes o interpretaciones de mal agüero.
La tasa actual se fijó en el marco de la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. En ella se establecía un periodo regulatorio (dividido en dos semiperiodos) hasta 2020. A partir de ese año, todo quedaba abierto. El Gobierno anterior, a través del exministro de Energía, Álvaro Nadal, siempre se mostró partidario de no tocar el sistema, lo cual, según su interpretación, habría supuesto un recorte para las redes del 6,5% al 4,1%.