Fuente: Cinco Días
El fin de las centrales térmicas de carbón es un debate que se mantiene vivo, pero cuyas consecuencias palpables para el bolsillo del consumidor son cada vez más evidentes. Su cierre inmediato generaría una subida del precio mayorista de la electricidad de entre un 14% y un 27%, según estimaciones del operador que gestiona este mercado, lo que supondría un impacto sobre la factura final de un consumidor medio de entre un 5% y un 10%.
Sin embargo, esto no sucederá de forma inminente, ya que el Gobierno opina que es necesario seguir manteniendo en España un mix energético diversificado que garantice la seguridad de suministro y en el que todas las energías estén presentes de manera equilibrada. Fuentes del Ministerio de Energía afirman que el carbón tiene que seguir jugando un papel importante en ese mix energético, porque “incrementa la competencia en el mercado mayorista, diversifica fuentes de aprovisionamiento y actúa como backup de las energías renovables cuando no sopla el viento o no luce el sol, supliendo, además, nuestra falta de interconexión con Francia”.
En este sentido, desde el ministerio recuerdan lo ocurrido en enero de 2017, cuando coincidieron simultáneamente una parada de una parte importante del parque nuclear francés, junto con una elevada demanda y un mercado de gas natural con una situación tensionada de sus precios. Y afirman que, “en estas circunstancias, las centrales térmicas de carbón fueron determinantes para asegurar el suministro eléctrico y reducir, además, los precios para los consumidores”.
Autóctono y barato
A finales del pasado año, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, afirmó que la aportación de las térmicas de carbón en el mix eléctrico durante los tres últimos años había evitado una subida de un 26% en el precio mayorista. Un argumento con el que coincide el presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión), Pedro Iglesia, quien asegura que “el carbón es un combustible más barato que otros como el gas y, asimismo, el único autóctono que tenemos en nuestro país, ya que el resto (nuclear, gas y petróleo) son de importación”.
El fin inmediato del carbón tendría consecuencias muy directas. Para Carlos Fernández, analista de la Agencia Internacional de la Energía, “se perdería una fuente de diversidad importante y el precio del gas sería mucho más determinante para la fijación del de la electricidad”. Además, “en un sistema relativamente aislado como el español, retirar el carbón antes de tener almacenamiento de electricidad disponible a gran escala trasladaría buena parte de la vulnerabilidad del sistema gasista al eléctrico, tanto ante posibles alzas de precios o, en casos extremos, ante la falta de suministro de gas”.
Inversiones
Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte, advierte de que la eliminación inmediata del carbón “llevaría a sustituir su producción por la de las actuales centrales de gas natural, que tienen costes variables más altos”. Mientras que a más largo plazo (entre cinco y diez años), requeriría también “sustituirlas por una cantidad equivalente de nuevas centrales de gas natural, ya que es muy probable que no existan otras tecnologías de respaldo antes de 2030”. Y puntualiza que, “en escenarios de alta electrificación de la demanda, podríamos necesitar hasta 10 gigavatios de esta tecnología, que corresponden a una inversión de en torno a 3.800 millones de euros”.
Según los datos manejados por Alberto Martín, socio responsable de energía de KPMG, “cerrar los 4.500 megavatios de centrales de carbón nacional existentes implicaría que hacia 2020 sería necesario incentivar la construcción de centrales a gas, con una inversión en torno a los 3.000 millones de euros”.
Y cerrar anticipadamente los 5.000 megavatios de centrales de carbón importado “supondría también la necesidad de construir centrales a gas que las sustituyeran, con una inversión de otros 3.500 millones de euros”. Una decisión costosa y difícil para los agentes del sector.
CÓMO CUMPLIR LOS OBJETIVOS
Descarbonización. El Gobierno está alineado con las decisiones de la UE sobre descarbonización, pero explican que el proceso debe hacerse mediante una transición ordenada y eficiente
Ley de transición. El Ejecutivo elabora una ley de transición energética y ha creado un grupo de expertos que estudia diversos escenarios, con sus costes y beneficios.
Cierre progresivo. Es previsible que las centrales de carbón cierren antes de 2030. Por eso ningún operador plantea inversiones relacionadas con la directiva de emisiones industriales.