Las cinco eléctricas de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España) siguen dispuestas a llevar al Gobierno a los tribunales. En tanto se aprueba una nueva orden de peajes, que podría ser denunciada por defecto de forma (por ejemplo, si Industria no la envía de nuevo para su informe a la Comisión de la Energía), la propia decisión de ampliar el tope del déficit ex ante del año pasado de los 1.500 millones hasta lo que determinen las liquidaciones de la CNE, también podría ser cuestionada judicialmente. Estas liquidaciones podrían resultar otros 4.000 millones.
Las grandes eléctricas consideran «lógico» que el Gobierno haya querido legalizar el fuerte desfase tarifario de 2012, cuya financiación vía Presupuestos carecía de sustento legal, para evitar un nuevo recurso ante el Supremo. Una medida que se atribuye al jefe de gabinete de la Secretaría de Energía, el abogado del Estado Ignacio Grangel, con la que el Gobierno quiere evitar otra refacturación a los consumidores de miles de millones de euros por exigencia del Supremo.
Sin embargo, la medida, incluida en un real decreto ley sobre empleados del hogar, ya se pasa «de castaño oscuro», señalan en un sector que soporta también desde el 1 de enero los nuevos impuestos a la generación eléctrica. Aunque no es la primera vez que un Gobierno amplía el límite anual de déficit ex ante (que las eléctricas no pueden recurrir porque adquieren un derecho de cobro hasta que se tituliza), en esta ocasión reconocen que les ha pillado totalmente por sorpresa. Además del problema financiero que supondrá una medida que las empresas consideran una huida hacia adelante, algunas muestran desazón por lo que tiene de reflejo de «una Administración que ha perdido el rumbo».