Fuente: El Periodico de la Energía.
Las pequeñas comercializadoras de electricidad están con el agua al cuello por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Desde que en 2015 un ayuntamiento realizara una consulta a la DGT (Dirección General de Tributos) para saber cómo debían tributar estas compañías en su localidad, la situación se ha vuelto insostenible.
“El IAE se configura a finales de los 80, eran los antiguos módulos de rentas, que grava el mero ejercicio de la actividad y solo lo pagan las empresas que ingresan más de un millón de euros al año”, explica Cristina Ucelay, abogada de Escandinava de Electricidad, “para el pago de ese impuesto se crearon ocho subgrupos por actividad económica en ocho epígrafes, y cada uno de ellos puede incluir una cuota estatal, provincial y municipal”.
Tras la consulta enviada a la DGT, ésta contestó que se debía incluir a la comercialización eléctrica en el epígrafe 659.9 de ‘Venta al por menor de otros productos no especificados’, al cual corresponde una cuota municipal, junto con, por ejemplo, la venta ambulante o los feriantes. “El problema es que a partir de entonces los ayuntamientos pueden cobrar el mismo impuesto a la comercializadora que tiene una cliente en ese municipio que la que tiene millones, lo que favorece a las grandes eléctricas y hunde a las pequeñas”, continúa la abogada.
Prácticamente casi todas las comercializadoras pueden superar el millón de euros de ingresos anuales, por lo que se ven obligadas a pagar el mismo impuesto multiplicado tantas veces como tengan al menos un cliente en un municipio. “Si se multiplica el pago de ese impuesto por los 8.124 ayuntamientos que existen en España, el coste supera con creces lo que una pequeña comercializadora puede soportar, y más aún cuando los ayuntamientos están pidiendo ese tributo con retroactividad a cuatro años, que es lo que permite la ley”, explica por su parte Andrés Olave, director general de la misma comercializadora renovable.
“Las comercializadoras que han surgido tras la liberalización del sector no llegan a 300 a día de hoy y tienen escasamente el 3% del mercado residencial de electricidad, frente a las cinco grandes que tienen un nicho de mercado de más del 97%, por lo que se entiende que el mismo tributo no pesa igual para unas que para otras”, añade Olave, “las grandes pagan el impuesto por miles o millones de clientes, las pequeñas a lo mejor pagan lo mismo por uno”.
Esta problemática que llevan denunciando desde hace dos años, y presentando recurso tras recurso, ha tenido un nuevo avance al llevarse al Congreso de los Diputados. El diputado de ERC Joan Capdevila la trasladó mediante una carta al Gobierno y éste le respondió la pasada semana que modificará este epígrafe incluyéndolo en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, tal y como adelantó El Confidencial.
Pero ¿es necesario que se apruebe vía PGE? “No es necesario, es posible mediante un Real Decreto que elabore el Ministerio de Hacienda, le avala las directivas de Liberalización y Mercado Único de 2009 que nuestro país aún no ha traspuesto”, apunta el responsable de la comercializadora, “por lo que lo ocurrido en el Congreso parece más bien un arma arrojadiza y un juego político en el que no queremos entrar. Albergamos la esperanza de que salgan los presupuestos pero necesitamos saber en que va a consistir esa reforma, y si no es así es posible hacerlo vía Real Decreto”.
Mientras llega esa modificación por parte del Gobierno, si todos los ayuntamientos empiezan a reclamar el pago de ese impuesto significa que “si la cuota de IAE a nivel municipal es de unos 800 euros, resulta que, por operar en todo el territorio, independientemente del número de clientes, una pequeña comercializadora ha de desembolsar casi 6.500.000 euros solo en este tributo, sin tener en cuenta lo que facture en cada municipio y completamente desligado del beneficio que obtenga en el mismo”, advierte Andrés Olave, “por eso vamos a continuar con los recursos que ya hemos interpuesto a la DGT, a la CNMC y llegaremos incluso al Tribunal Europeo de Justicia para acabar con una situación en la que se va a llegar a recaudar más por el IAE que por el Impuesto de Sociedades”.
Olave no habla por hablar. Este problema ya surgió en el pasado en el sector de las telecomunicaciones, pero Vodafone logró que la justicia europea le diera la razón, lo que sienta un precedente a favor de las comercializadoras.
“Pedimos que se considere tributariamente esta actividad como las de generación y distribución, que lo hacen en base a la capacidad económica, es decir, que se mida por la venta de electricidad, y que si estás en varios municipios, quien recauda sea el de mayor número de afectados y luego otra cantidad para repartir entre el resto”, concluye Cristina Ucelay, experta en el tema, “de todos modos, si se trasponen las directivas europeas de Liberalización y Mercado Único de 2009 se acabaría con esta situación, pero si se continúa así, terminará repercutiéndose en la factura del cliente final”.