Fuente: El Periódico de la Energía
Una de las grandes reclamaciones del sector de la comercialización de electricidad y gas ha sido el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Hasta ahora, las compañías pagaban en cada ayuntamiento una tasa de IAE por el simple hecho de tener un solo cliente en ese municipio. Eso hacía que muchas comercializadoras de ámbito nacional tuviesen que tramitar miles y miles de impuestos en cada administración local, amén de que en muchos de ellos hacía inviable el negocio de poder comercializar la energía.
El sector lo ha reclamado en numerosas ocasiones y en este diario nos hemos hecho eco de ello otras tantas. Ahora, todo indica, que esta pesadilla quedará atrás. Ya se intentó llevar en años anteriores, como sucedió con el proyecto de PGE de 2020, pero no pudo ser ya que al final se prorrogaron un año más los presupuestos de Cristóbal Montoro.
Ahora, con el nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, el Gobierno cambiará la normativa y adjudicará a la comercialización de electricidad y gas un epígrafe que se equipare con otras actividades energéticas como la distribución.
Esta ha sido una de las reclamaciones que impuso ERC desde el primer momento y que llevó incluso al Congreso para que el Gobierno lo tuviese en cuenta a la hora de elaborar los PGE del próximo año. Incluso la CNMC también se lo pidió al Gobierno al tratarse de una injusticia.
Pues dicho y hecho. Según el proyecto de ley, «en el ámbito de los tributos locales, se crean nuevos epígrafes o grupos en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, con el fin de clasificar de forma específica las actividades de comercialización de los suministros de carácter general (electricidad y gas), que hasta la fecha carecen de dicha clasificación».
Según reza el artículo 67 del proyecto, «se modifica el título de la Agrupación 15 de la Sección Primera de las Tarifas, que queda redactado de la siguiente forma: “Agrupación 15. Producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente”, añadiendo la actividad de comercialización.
Asimismo, «se modifica el título del grupo 151, de la Agrupación 15, de la Sección Primera de las Tarifas, que queda redactado de la siguiente forma “Grupo 151. Producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica”. Y dentro de él se añade un nuevo epígrafe, el 151.6 en el que se pone la cuota a cobrar a las comercializadoras, que será la siguiente:
Cuota mínima municipal de 62,20 euros por cada 1.000 abonados en el caso de que la comercializadora esté en un único municipio. Esa cifra ascenderá a 137,48 euros por cada 1.000 clientes si el ámbito de actuación es tanto provincial como nacional. Los mismos precios serán para la comercialización de gas.
Así que la inmensa mayoría de comercializadoras pagarán la cuantía de 137,48 por cada 1.000 abonados.
El principal cambio se producirá no tanto en la cuantía ya que antes pagabas en cada ayuntamiento una cantidad dando igual el número de clientes, sino en la tramitación de miles y miles de expedientes que tenían que hacer las comercializadoras. Ahora será un único pago a nivel nacional y se acabó.
Peligro
Pero existe un peligro importante para muchas de ellas. El injusto pago del IAE que están haciendo ahora perjudica en cientos de millones de euros a la comercializadoras, sobre todo a las pequeñas compañías del sector.
Este cambio en el IAE se producirá con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta Ley. Esto tiene cierto peligro para las comercializadoras ya que está previsto que el proyecto de Ley se apruebe ya entrado 2021 y por tanto tengan que pagar las comercializadoras el injusto IAE correspondiente a 2021 por unos escasos días y se aplique finalmente desde 2022.
Fuentes del sector señalan a este diario que sería bueno que hubiese una modificación en el texto del proyecto durante la tramitación en el Congreso y que solo se repercutiera el pago del IAE de una parte del año, por ejemplo el primer trimestre o que no se pueda cobrar por las administraciones hasta que no entren en vigor los PGE. En juego está la estabilidad de muchas compañías del sector.