Las comunidades autónomas, responsables de comprobar que las grandes empresas afincadas en sus territorios se han sometido a una auditoría energética -antes del próximo 14 de noviembre- no saben cuáles son esas empresas, a pesar de que la memoria de impacto de la normativa de referencia, el Real Decreto 56/2016, se especifica que su número exacto es de 3.782 en todo el país.
Así lo confesaban los representantes de cinco comunidades autónomas -Madrid, Valencia, Castilla y León, Asturias y Navarra- durante un acto organizado por la patronal A3E y orientado específicamente a aclarar las numerosas dudas que está planteando el citado decreto. Durante sus intervenciones, pronunciaron expresiones como «sorpresa», «estupor» o «incertidumbre» por su extraordinaria falta de concreción.
Por poner unos ejemplos, a la hora de hacer inspecciones no saben qué sistema aplicar, no saben qué proporción «significativa» de auditorías tendrán que revisar, no saben quién debe otorgar la acreditación al auditor… Alguna, incluso, todavía desconoce cuál es el departamento de su Administración con competencias en la materia, y ninguna sabe cuáles son las empresas obligadas a someterse a las auditorías en su territorio, algo que choca poderosamente con la exactitud de Industria en la memoria de acompañamiento del citado decreto: 3.782 organizaciones, con 23.411 establecimientos en todo el país.
De acuerdo con la norma, deben auditarse las empresas con más de 250 empleados y más de 50 millones de euros de facturación, pero las autonomías no saben qué instalaciones tienen estas empresas dentro de sus lindes. Están elaborando censos, pero los datos los tiene Hacienda y solicitan su colaboración.
Coordinarse con Industria
La situación amenazaba con romper la unidad del mercado nacional, por la posibilidad de que las autonomías regulasen, cada una por su cuenta, al objeto de llenar los vacíos legales. De hecho, Castilla y León ha llegado a elaborar un borrador de Decreto que previsiblemente será degradado a Instrucción, después de que se celebrase una reunión por videoconferencia el pasado 2 de junio en el que participaron las autonomías y el Ministerio de Industria.
Durante el encuentro virtual, este último se comprometió a preparar un censo y un documento, sin rango legal, en el que se aclaren las dudas que están surgiendo. Y las comunidades han convenido coordinarse para evitar la temida ruptura, empezando por las aplicaciones que permitirán recibir la documentación telemáticamente.
Insuficiencia de recursos
Las autonomías tampoco disponen de recursos adicionales para ejecutar las labores a su cargo, porque así se lo prohibe el citado decreto, aunque Valencia se ha planteado establecer una tasa que permita afrontar el trabajo.
En general, las autonomías confían en que las grandes empresas se tomarán en serio las auditorías -hablan de autorregulación-, por las ventajas que conllevan, algo que contrasta poderosamente con el escepticismo del sector.