No. No son 1.250 las empresas que estaban en la tarifa 6.1.B (30 a 36 kV) como dice la Plataforma 25/30. Tampoco son todas del País Vasco, pero casi. Ni tampoco son empresas de seis Comunidades Autónomas, son de alguna más de las que dicen. No lo dice el que escribe, lo dice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Según la CNMC, con datos a 31 de marzo de 2018, los contratos en la tarifa 6.1.B en toda España ascendían a 1.191 empresas. De las cuales, el 88% pertenecen al País Vasco. Es decir, 1.047 compañías estaban metidas en esta tarifa al estar enganchadas a 30 kV. 446 de ellas en Vizcaya, 342 en Guipúzcoa y 256 en Álava (Ver gráfico al final del texto).
Las 144 empresas restantes conectadas a las 6.1.B se reparten en otras siete Comunidades Autónomas. En total ocho, no seis como dicen algunos expertos en la materia.
Navarra, con 46 empresas en la tarifa 6.1.B era la segunda comunidad con mas clientes con esta tarifa. Después le sigue Castilla y León, con 36, la mayoría en la provincia de Burgos. Tras ellas se sitúa Asturias, con 34 compañías, seguida de Cantabria, con 17 empresas con esta tarifa, Aragón con nueve y Galicia y La Rioja con una sola empresa cada región.
Por cierto, en Andalucía no hay ninguna según la CNMC. ¿Qué raro?
Con estos datos sobre la mesa, el País Vasco y sus empresas, más de un millar, se beneficiarán del cambio de tarifa que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez en la reforma Ribera, el RDL de medidas urgentes para la transición energética. El 88% de las compañías son vascas, y quién ha negociado el cambio ha sido el PNV tanto para poner de presidente a Sánchez como los próximos Presupuestos Generales del Estado. A esto se le llama trilerismo político.
Pero otros, sin embargo, los políticos y empresarios vascos, lo llaman trato discriminatorio. Veamos. La tensión en el País Vasco, en su mayoría, se queda en 30 kV y por tanto pertenece a lo que se denomina media tensión. Pero ellos quieren jugar en la alta tensión porque así consiguen tener una tarifa más barata.
Según la normativa española, la Alta Tensión comienza a partir de los 36 kV, pero en 2014 el PP crea la tarifa 6.1A para que las industrias con menos de 36 kV tengan una tarifa más barata siempre y cuando se tuviera una potencia mayor de 450 kW en uno o más de los periodos. Pero como no era del gusto del PNV, el PP volvió a hacer otra de las suyas, y dividió la 6.1 en dos categorías A (hasta 30 kV) y B (30 a 36 kV), con un trato de favor para la 6.1.B, es decir, que pagarían menos que en la 6.1.A. Unos 35-40 millones aproximadamente de diferencia.
De las casi 1.500 empresas vascas en la 6.1.A, pasan a la 6.1B más de 1.000, más de dos terceras partes de la industria se ve favorecida. Pero el ansia es aun mayor y quieren más. Y Rajoy se lo da. Todos a la 6.2 pero no le da tiempo a llevarlo a cabo. Pero llega Pedro Sánchez a La Moncloa y hace cumplir los deseos del PNV. Todo por ser presidente y sus PGE.
Dos terceras partes de las empresas vascas de la 6.1.A, todas las 6.1.B, pasan ahora a ser de la tarifa 6.2 porque al Gobierno de Sánchez le parece oportuno que parte de la media tensión desaparezca del sistema y se integre como alta tensión cuando no lo es. Las empresas vascas y su Gobierno siguen diciendo que había trato discriminatorio y que era de justicia que las empresas enganchadas a 30 kV paguen lo mismo que las de 66 kV.
El caso es que hace cinco años, todas estas empresas estaban en la tarifa 6.1.A, donde hay más de 19.000 compañías en toda España, pero no, las vascas debían estar en la 6.2 donde había solo 1.617 compañías (solo 5 del País Vasco). Ahora tras el RDL, y siempre que se apruebe en el Congreso, la 6.2 tendrá 2.808 empresas de las cuales 1.052, el 37,5% pertenecen al País Vasco.
¿Qué sucede? Que las empresas en la tarifa 6.2 pagan muchísimo menos que la 6.1A, y ese desfase lo corrige el sistema con el pago del resto de consumidores, en su amplia mayoría consumidores domésticos. Es decir, tú y yo subvencionamos esta barbarie a través de la factura eléctrica porque con este cambio se genera un mayor desequilibrio en las cuentas del sistema. ¿Quién discrimina a quién señores del PNV?
Los distintos gobiernos están haciéndose trampas al solitario con la creación de tarifas a la carta. No debería ser el Ejecutivo de turno el que decida estas cosas. Bruselas está detrás de España por darle mayor poder a los gobiernos en vez de al regulador (CNMC) para que haga la metodología y fije los peajes eléctricos.
Bruselas está a punto de multar a España por ello. Supuestamente este gobierno está en negociaciones con la CNMC para devolverle lo que era suyo y tiene hasta final de año para hacerlo. Si no, multa de la Comisión Europea. Y lo primero que hace el Gobierno de Pedro Sánchez es burlar todo esto, y seguir manejando las tarifas eléctricas a su antojo, o al del PNV. Luego, si vienen sanciones que no se quejen.
Además, este movimiento del Gobierno podría verse desde Bruselas como una ayuda de Estado y por tanto podría anularlo. Tardaría tiempo en resolverlo, mientras tanto sigamos jugando con la luz.
Alguien ha recordado este martes que su apoyo a los PGE no será “gratuito”. Adivinen quién lo ha dicho. Blanco y en botella.